Ante secuestros y extorsión se debe tipificar delito de terrorismo urbano

Expertos en seguridad José Baella y Pedro Yaranga dicen que Gobierno demuestra incapacidad para enfrentar delincuencia.


Hasta diciembre de 2023, la Policía Nacional del Perú (PNP) había registrado más de tres mil denuncias por secuestro en todo el país. Es decir, a diario, 8 peruanos fueron secuestrados durante al año pasado. Esta cifra, por demás alarmante, fue similar a la registrada por la misma PNP durante 2022, año en el cual la Policía reportó un total de 3,398 raptos.

En la misma línea del de los secuestros están los crímenes de sicariato en el Perú. Tan solo hasta diciembre del año pasado, la Policía Nacional contabilizó más de 420 crímenes producto de la extorsión y el sicariato, cifra superior a la reportada durante el 2022, cuando la PNP registró 367 asesinatos producidos por encargo.

Es decir que, entre 2022 y 2023, hubo un aumento significativo de un 12.26% en cuanto a los crímenes de esta característica.

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No se ha cumplido aun ni un mes desde que inició el 2024 y la situación respecto a la proliferación de la delincuencia y las organizaciones criminales que operan en el país no parece tener algún cambio en favor de restablecer la seguridad ciudadana.

Por el contrario, las cifras de personas secuestradas, extorsionadas y ejecutadas por sicarios de bandas criminales continúan en aumento ante la mirada parsimoniosa de un gobierno que no ata ni desata y ante la inacción de un Congreso de la República que continúa regocijándose de su falsa victoria como supuestos “héroes de la democracia” tras la auto ejecución del nefasto gobierno del expresidente Pedro Castillo con su fallido golpe de Estado de fines de 2022.

Lo cierto es que las calles continúan desangrándose y miles de familias peruanas siguen enlutándose mientras la Policía intenta frenar a estos delincuentes, y las organizaciones criminales cuentan con estrategias y armamento cada vez más sofisticados.

Situación similar o peor vive el Ecuador, donde hace unos días el presidente Daniel Noboa, mediante un decreto supremo, declaró como organizaciones terroristas a las bandas criminales de su país luego que estas se levantaran en armas en una asonada delincuencial nacida en los centros penitenciarios de ese país.

El objetivo de estos grupos fue generar zozobra en el Gobierno y la población para que retrocedieran en una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar a la delincuencia de esa nación.

Tras esto, diversas opiniones en el país se mostraron a favor –en los últimos días– de que el gobierno de Dina Boluarte adopte estas mismas medidas y se declare a las bandas criminales como organizaciones terroristas para que la PNP y las Fuerzas Armadas en conjunto puedan tomar el control de las calles y restablezcan la seguridad ciudadana.

Terrorismo urbano

Respecto de este temperamento, el exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía José Baella alertó que lo sucedido en Ecuador debería ponernos en alerta, pues consideró que el Perú no está lejos de padecer una realidad similar.

Sin embargo, Baella precisó que, debido a que en el Perú no se ha suscitado aún situación como la vivida en el vecino país, no es necesario que las bandas criminales sean declaradas como organizaciones terroristas, dado que estas no persiguen capturar el poder político y el Estado, como sí lo hace, por ejemplo, Sendero Luminoso.

En lugar de ello, el especialista sostuvo que el Gobierno debería agregar, dentro del ordenamiento jurídico, la figura de ‘‘terrorismo urbano’’ para los crímenes relacionados al tráfico ilícito de drogas, extorsión y sicariato.

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