Ayudaron a Graña y a cómplices de Susana Villarán: fiscal Germán Juárez Atoche no entregó acuerdo completo

Constructora logró beneficios con información ya conocida. Aceptó pagos a exalcaldesa, pero no dio nombres de todos los implicados.

Diario expreso - Ayudaron a Graña y a cómplices de Susana Villarán: fiscal Germán Juárez Atoche no entregó acuerdo completo

Cuando se esperaba que el Ministerio Público, bajo la gestión de Delia Espinoza, cumpla con la transparencia en el caso Lava Jato, ocurrió todo lo contrario. El fiscal Germán Juárez Atoche no entregó el acuerdo de colaboración eficaz con Aenza (ex Graña & Montero [G&M]), sino la sentencia de homologación.

Sin embargo, este documento permite comprobar cómo la empresa de los confesos delincuentes José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña obtuvo beneficios. Los juristas Wilber Medina y Mario Amoretti consideraron que hay varios indicios de favoritismo.

A esto se suma que cuando G&M entregó información supuestamente novedosa, mucha de esta ya había sido brindada por Odebrecht, mediante el también hampón Jorge Barata.

Incluso se evita dar nombres de los funcionarios que Susana Villarán tuvo en la Municipalidad de Lima para ayudar a los peajes de Rutas de Lima y de Línea Amarilla. Por ello, en varios puntos, el Ministerio Público no considera que allí existió una organización criminal.

El conductor Phillip Butters y el procesalista Wilber Medina explicaron que consiguieron esta información, apelando a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Odebrecht. Allí se señala que los acuerdos de colaboración eficaz homologados ya no son reservados ni secretos.

Juárez Atoche responde porque es el encargado de investigar al Club de la Construcción. Él remite la sentencia homologadora de la jueza Margarita Salcedo.

En total, son catorce obras donde subsidiarias y nuevas razones sociales de G&M por las cuales se pagó sobornos a funcionarios en diferentes instancias del Estado.

Llama la atención el contenido de la página 33 “7) Caso revocatoria de la alcaldesa de Lima Susana Villarán” Carpeta fiscal No. 30-2017”.

“Se narra con lujos y detalles cómo Graña & Montero apoyó con coima a la señora Susana Villarán y dice le entregó tres millones de dólares y un millón después, para apoyar la campaña de la No revocatoria. Lo interesante del contenido es que el dinero se lo entregan a Susana Villarán en presencia del señor José Miguel Castro ‘Budián’ y otros funcionarios”, señala Medina.

MÁS INFORMACIÓN: Excongresista Rosa Bartra recomienda a presidenta del Poder Judicial acelerar juicio oral contra Susana Villarán

Como se sabe, el Equipo Lava Jato maneja diversas carpetas para los casos de corrupción en la Municipalidad de Lima con el caso Lava Jato. En una de estas aparece la constructora Graña, ya sea como Cumbra o Aenza o alguna otra razón social.

En una se lee que se confiesa cómo se dio sobornos a cambio de los peajes de las carreteras Ramiro Prialé, Panamericana Norte y Sur, así como la Vía de Evitamiento.

“De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por este Ministerio Público, las solicitudes se realizaron en el primer trimestre del año 2013, mientras Susana Villarán y José Miguel Castro fueron funcionarios del Municipio, y generaron que la Municipalidad beneficie a las empresas con la suscripción del Contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima y la Adenda N° 1 del Proyecto Línea Amarilla”, se indica.

Villarán y sus secuaces realizaron acciones adicionales para ocultar sus fechorías, las cuales se mencionan en el acuerdo, y que dieron origen a varias carpetas.

“Estas sumas habrían sido encubiertas a través de la información presentada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en la que se asoció dichos montos a distintos aportantes falsos”, añade el documento.

Para el penalista Mario Amoretti, existía la figura penal de asociación ilícita para delinquir, pero de todas maneras es sospechoso cómo no se aplicó la misma lógica que para casos de esa época.

“Llama poderosamente la atención de que solamente José Pérez haya incluido en la investigación como asociación de entonces, posteriormente organización criminal, solamente a dos y los otros. Sí hay una omisión”, dijo.

“Qué casualidad que solamente se conozca los nombres del caso de Villarán; de dos, ¿y el resto de los regidores y de los exfuncionarios?”, siguió cuestionando.

Butters reclamó que esta presunta organización criminal debería ser una investigación en sí misma. Como ejemplos puso a los exregidores Marisa Glave, Marité Bustamante, Eduardo Zegarra y Augusto Rey.

Como se recuerda, los mencionados promocionaban que los contratos de peajes iban a ser beneficiosos para Lima. Incluso Glave grabó videos y acudía a programas televisivos a explicar esta supuesta bendición, la cual terminó siendo un caso de megacorrupción.

Cabe indicar que, en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, los brasileños también habían confesado sobornos a Villarán, pero el Equipo Lava Jato no les abrió investigación a ellos, solo a la exalcaldesa.

En este punto, Amoretti y Medina indicaron que la justicia debería determinar que los peajes que manejan Rutas de Lima y Lima Expresa (concedidos originalmente a Odebrecht y a OAS, respectivamente), deberían retornar a la administración edil.

El exdecano del Colegio de Abogados de Lima consideró que las transferencias de acciones realizadas a Brookfield y Vinci Highways serían declaradas nulas, al haberse realizado luego de estallado el escándalo internacional.

“No es necesario ir al fuero civil. El juez penal puede resolver que estas ventas de acciones no fueron de buena fe”, manifestó Medina.
El acuerdo con Graña fue homologado el once de agosto de 2023 por la jueza Salcedo. En ese entonces, se comunicó oficialmente que la constructora, con sus dos firmas subsidiarias Cumbra Perú S.A. (antes G & M) y UNNA Transportes S.A.C. (antes Concar), reconocían responsabilidad penal en los procesos penales vinculados al caso “Club de la Construcción” y otros 16 proyectos de infraestructura.

Caso Graña: Peajes y reparación

“Entre los cuales están el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera IIRSA Sur (tramos 2 y 3) y las Redes Viales 1 y 3 del Cusco”, se comunicaba entonces.

A diferencia del acuerdo con Odebrecht, firmado en el año 2019, esta vez sí se incluyó una cláusula para que la empresa no acuda a arbitrajes nacionales ni internacionales contra el Perú.

Esto se hizo luego de que se comentara el beneficio a los brasileños, lo cual ha llevado a que nos demanden en el CIADI por 4,500 millones de soles, a raíz de la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano en el 2016.

Si bien la empresa de José Graña ganó más de mil millones de soles, contando solo algunas de las catorce obras donde admite delito, se le impone como reparación civil 333’326,423.60 soles.

Mismo defecto

Estos deberán pagarse en doce cuotas anuales, junto a 40’724,500 dólares, tomando en cuenta el daño patrimonial y extrapatrimonial. Este cálculo lo hizo la procuradora Silvana Carrión, poniendo como argumento las leyes que se emitieron durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, Medina detectó un repetido fallo en la defensa del Estado. No se exige pago por ganancias ilegales. “Es el mismo defecto del acuerdo con Odebrecht. No establecen el daño causado, o sea, devolver lo robado. Es como que si alguien le roba su carro. Le tiene que pagar el daño y además devolverle el carro”, criticó.

Otros hecho discutible es que la constructora peruana había hecho una falsa auditoría en el 2017, con la cual negó su papel en cualquier soborno vinculado a Odebrecht.

“El informe recibido hoy deja claro que no se han encontrado evidencias de corrupción y al mismo tiempo nos confirma que hay áreas de mejora, particularmente, en la manera en que gestionamos nuestras asociaciones con terceros. Por eso hemos pedido al Comité de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad que trabaje en reforzar la política de entrada en consorcios, con especial atención a los proyectos en los que tengamos una participación minoritaria, como son los 6 casos analizados”, sañalaba entonces Augusto Baertl, presidente del directorio.

Pseudoauditoría

La firma Simpson Thacher & Bartlett analizó 250 mil documentos de seis proyectos de un total de catorce custodios, incluidos e-mails, mensajes de texto, estados financieros, informaciones de prensa y documentos comerciales, además de otros soportes electrónicos como discos duros de computadoras, backups y datos de redes corporativas.

“Tras completar más de seis meses de trabajo, la investigación ha finalizado sin que se haya identificado evidencias que lleven a concluir que alguno de los directores, presentes o pasados, ejecutivos o empleados de la compañía, hayan tenido conocimiento o participado en algún acto de corrupción o soborno a funcionarios públicos en los referidos proyectos”, refiere el documento.

Es decir, los cómplices de la megacorrupción mintieron o llegaron a acuerdos con la consultora Simpson Thacher & Bartlett.

Obrainsa pendiente

Cabe indicar que también se solicitó el acuerdo de colaboración eficaz con Obrainsa, miembro del ‘Club de la Construcción’. Este no se ha entregado porque aún está pendiente de su homologación (aprobación de un juez para que se ejecute).

Papel de Pérez

José Pérez es el fiscal provincial designado para coordinar los fundamentos de los acuerdos de colaboración eficaz. Es decir, quien participa en estos temas emblemáticos es al mismo tiempo un investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Se ha detectado que sus gastos se incrementaron sin justificación, especialmente en el 2021, cuando acusó a Keiko Fujimori.

Embargo a Nava

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó el embargo de los bienes de Luis Nava Mendiola, hijo del exsecretario de Alan García, Luis Nava Guibert, hasta por 1’511,314.06 soles. Según la Fiscalía, se habría lavado activos fruto de coimas de Odebrecht Perú.

Mira más contenidos siguiéndonos en FacebookTwitterInstagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.