Cacería a Patricia Benavides alcanza al juez Juan Carlos Checkley: buscan cambiarlo por no prestarse a persecución caviar

Delia Espinoza pide que lo reemplacen para decidir suspensión judicial a fiscal, como había recomendado IDL y la Inés Tello de Ñecco.


Como la fiscal suprema Delia Espinoza no logró que el juez supremo Juan Carlos Checkley acceda a su pedido de impedimento de salida del país para la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides “por insuficiencia de pruebas”, no encontró mejor respuesta que incluir al citado magistrado en las investigaciones del caso Benavides con tal de apartarlo del cargo.

La decisión de Delia Espinoza conlleva una recusación contra Checkley y su eventual cambio por el juez Saúl Peña, ligado desde antaño al estudio de José Ugaz Sánchez Moreno, como el nuevo magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de la República.

En la comunidad jurídica se comenta que, como Checkley no se presta al propósito de defenestrar a como dé lugar a Patricia Benavides, desde el Ministerio Público no han visto otra salida que recusarlo, una medida que se ha venido dando forma desde hace varias semanas.

En esa línea está el comunicado del Ministerio Público de la víspera donde se informa que “el 9 de mayo de 2024 se ha formulado recusación sobre el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria, en el expediente judicial N.° 28-2020 (que corresponde con la carpeta fiscal N.° 646-2018) en el proceso seguido contra Enma Rosaura Benavides Vargas, para favorecer a la hermana de esta [Patricia Benavides] en el mencionado proceso penal”.

Añade dicho comunicado que “las autoridades fiscales y judiciales correspondientes se pronunciarán sobre esta sindicación, la misma que no se halla dentro de nuestra distribución de funciones”.

De forma que la Fiscalía Suprema Especializada en delitos de cometidos por funcionarios públicos ha dispuesto incorporar, en calidad de investigado en dicho caso (…), a Checkley Soria desde el 10 de mayo de este año.
Esto apenas se conoció que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Checkley negaría la solicitud de la Fiscalía para imponer el impedimento de salida del país por 36 meses a Patricia Benavides.

Redes interna y externa

En los considerandos relacionados a la presunta organización criminal de Patricia Benavides que están detallados en la “Disposición de ampliación de investigación de incorporación de investigado”, se hace un recuento de la red interna de Benavides, encabezado por Jaime Villanueva Barreto, y de la red externa de la que formarían parte congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular), Patricia Chirinos (Avanza País), entre otros, y se incorpora a Checkley en el caso de Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides.

En este punto se afirma que hubo coordinaciones con otros “integrantes de la organización criminal”, con tal de viabilizar “el pedido de archivo de investigación que resolvería finalmente el magistrado a cargo de la investigación, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, “aprovechando que éste también tenía una investigación por presuntos actos de corrupción, cuando se desempeñó como juez de la Corte Superior de Justicia de Piura”.

De esa forma encuentran motivos para ampliar la investigación contra la presunta organización criminal, que incluiría al Poder Judicial, “dado el presunto acuerdo ilícito que se habría realizado con el magistrado Juan Carlos Checkley Soria, para presuntamente favorecer a la hermana de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas, con el archivo de la investigación en su contra”.

Incluso el escrito, firmado por la fiscal suprema Delia Espinoza, va más lejos contra el vocal supremo: “… el comportamiento presuntamente delictivo en que habría incurrido el magistrado supremo (…) Checkley Soria estaría vinculado a la concretización de un plan criminal en la organización criminal al interior del Poder Judicial”.

Pero hay mucho más: en las imputaciones preliminares a Checkley Soria se le imputa, “en su condición de juez supremo provisional, como presunto autor del delito [de] cohecho pasivo específico en agravio del Estado”.

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Esto, “presuntamente por haber aceptado la promesa de ventaja de Liz Patricia Benavides Vargas, consistente en que se archive la investigación seguida en su contra en la carpeta fiscal N.° 107-2022 (…) por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico por actos relacionados a su función como juez superior de la Corte Superior de Piura…”.

Esto, agrega, “a cambio de que dicho magistrado programe en una fecha oportuna para los intereses de Enma Rosaura Benvides Vargas, influyendo así en la decisión que este magistrado debía emitir en un asunto sometido a su conocimiento y competencia”.

“Sin embargo, lo segundo no se habría llegado a concretar al haber sido suspendida Liz Patricia Benavides Vargas en sus funciones como fiscal de la nación el 6.12.2023. Estos hechos se habrían llevado a cabo entre fines del 2022 e inicios del 2023”.

El libreto idl

¿Cómo evitar que la ex fiscal de la Nación investigada regrese al Ministerio Público el 6 de junio? Esta era la interrogante que fue publicado por la ONG Instituto de Defensa Legal manejado por Gustavo Gorriti.

Planteaba dos opciones: 1) “La juntan de Fiscales Supremos puede dar por concluida la elección de Benavides y nombrar un nuevo fiscal de la nación. (Seguirla siendo fiscal suprema)”.

La segunda alternativa indica: “Un fiscal que la investiga justifique y pida al juez la suspensión de sus funciones”. Y esta última opción es el libreto que ha seguido la fiscal suprema Delia Espinoza. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados.

Ghersi protesta

Para el jurista Enrique Ghersi “estamos ante un claro intento de intimidación contra el Juez Supremo de Investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, que el Fiscal de la Nación interino lo haya incorporado como investigado en el proceso contra la Dra. Enma Benavides y su her mana, la Fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides”.

En primer lugar –añade– por la oportunidad. “Están sometidos a su despacho requerimientos fiscales de la máxima importancia como la solicitud del Ministerio Público de suspender en sus derechos a la Dra. Patricia Benavides para impedir que reasuma el despacho de Fiscal de la Nación al vencimiento de la suspensión ilegal que le fue impuesta por la Junta Nacional de Justicia.  Es claro que se pretende intimidar al juez supremo Checkley que hasta hoy ha tenido una conducta bastante imparcial en los distintos casos que son de su conocimiento”.

“En segundo lugar por el nulo sustento que tiene para hacerlo. ¿Basta una mera versión de un tercero (colaborador eficaz) para que con diligencia asombrosa y sospechosa el fiscal interino Villena, a través de Delia Espinoza, incluya como investigado a un Supremo?”.

Abuso de autoridad

“¿Sin la más mínima corroboración? ¿No se están extralimitando al implicar a un Supremo de esa forma? La consigna política es obvia. Si Checkley es independiente y se trata de impedir que la Dra. Benavides retorne al Ministerio Publico, hacen tabla rasa de toda ley y toda sindéresis y lo comprenden. Eso es abuso de autoridad”.

En consecuencia, el ejercicio de la acción penal no puede ser un monopolio abusivo de un fiscal interino. Debe ejercerse con responsabilidad y equilibrio. No es para intimidar ni perseguir. Es para hacer cumplir la ley. Se está desnaturalizando gravemente la función fiscal al usar como arma política las facultades que la Constitución les otorga, concluye.

Orígenes

Para ser más detallistas, debemos señalar que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos formuló recusación sobre el juez Juan Carlos Checkley Soria en el proceso seguido contra Enma Rosaura Benavides Vargas.

La citada magistrada, hermana de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que integró en su momento el Colegiado E de la Sala Penal Nacional (hoy Corte Superior Nacional), es investigada junto a otras personas por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y otros.

Como ya lo hemos señalado, el Ministerio Público detalló a través de un comunicado de ayer, que la recusación fue formulada en el expediente judicial 28-2020 (carpeta fiscal 646-2018) el 9 de mayo.

Y todo porque el exasesor fiscal Jaime Villanueva “ha declarado sobre la existencia de pactos ilícitos” entre Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal de la Nación para quien laboró, y el magistrado recusado, señala el portal jurídico LP Pasión por el Derecho.

Según el exservidor público, estos acuerdos se realizaron “para favorecer a la hermana de ésta [Enma Benavides] en el mencionado proceso penal”.

“Las declaraciones de Villanueva Barreto se produjeron en el marco de su participación como testigo en una investigación a Patricia Benavides. En dicho caso, liderado por la fiscal suprema Delia Espinoza, la extitular del Ministerio Público (MP) enfrenta los presuntos delitos de organización criminal y otros”, añade el portal.

Con base en meros dichos, como sostiene el Dr. Enrique Ghersi, según la misma Fiscalía, “se impone [sic.] su apartamiento [del magistrado Checkley Soria] para que la prosecución de la causa se haga con garantías suficientes de que el magistrado a cargo actuará con verdadera imparcialidad. Instamos a que este incidente se resuelva de manera pronta y conforme con el ordenamiento jurídico”.

Factor Inés Tello

El antecedente más remoto de este affaire lo encontramos en el hecho de que en abril, la inhabilitada magistrada de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello, presentó el informe final 63-2024 del Procedimiento Disciplinario 1-2024-JNJ –sobre Patricia Benavides, Enma Benavides y la fiscal suprema provisional Azucena Inés Solari Escobedo–, en cuyos apartados 7.3 y 7.4 hizo mención al juez Checkley:

“Reservar el pronunciamiento de la JNJ de si corresponde o no abrir una investigación preliminar contra el juez Checkley Soria, juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, hasta que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema haya emitido su decisión, respecto de la apelación del auto de fecha 22 de enero de 2024, conforme al fundamento 4.138.

Asimismo, “Abrir investigación preliminar contra el juez Checkley, juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, a fin de que se determine si existe mérito o no para la apertura de un procedimiento disciplinario, dado el presunto retardo en el trámite del caso Enma Benavides -Expediente N° 00028- 2020-4-5001-JS-PE-01, conforme al fundamento 4.139”.

Ahora el abuso está consumado. Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, presentó requerimiento de suspensión temporal en el ejercicio del cargo de Patricia Benavides, como fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación, por 36 meses.

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