Complicidad delincuencial: Congreso ya blindó a tres ‘mochasueldos’

Rosio Torres, acusada de apropiarse dinero de sus trabajadores, se libró ayer de suspensión y Comisión de Ética solo aprobó multa. Denunciantes reciben amenazas de muerte. ‘Otorongos’ tampoco tocan a ‘Niños’. “Hay una dictadura parlamentaria”, dicen especialistas.


Un nuevo blindaje congresal, y ya van… Mientras se debatían los últimos temas pendientes en la legislatura que culminó ayer, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó “sancionar” a la congresista Rosio Torres (Alianza para el Progreso) con una amonestación pública escrita y 30 días multa, pese a que el informe de la secretaría técnica de ese grupo de trabajo recomendaba la suspensión por 120 días de la citada legisladora.

Ello en el marco de la denuncia en su contra por el presunto recorte de sueldos, o, coloquialmente conocido como “el caso mochasueldos”. El tratamiento de este delicado caso ha sido tan descarado que algunos políticos se animaron a decir que “raya con lo delincuencial”, tal como afirmó el excongresista y exministro de Trabajo Juan Sheput.

“No se trata de un blindaje, se trata de complicidad porque no se ve siquiera a un parlamentario que cuestione las decisiones del Congreso, por lo tanto el fenómeno de la retención de sueldos podría ser generalizado en el actual Legislativo. Aquí habría complicidad pura, al parecer es un asunto que ni siquiera obedece al ámbito político; aparentemente aquí existe complicidad delincuencial en la que más de un parlamentario estaría involucrado y quiere evitar que su nombre sea destapado. Si estuviéramos hablando de una situación meramente política, le daría cierta comprensión al asunto, pero esto va más allá, parece una situación más vulgar que raya con lo delincuencial”, precisó Sheput en diálogo con EXPRESO.

Tiraron el salvavidas

En principio, el informe final del grupo de trabajo declaraba fundada la denuncia de oficio y solicitaba la suspensión de la legisladora por 120 días, así como el descuento de sus haberes por ese mismo periodo.

Sin embargo, se sometió a votación una cuestión previa planteada por la congresista Cheryl Trigozo –a la sazón colega de bancada de Rosio Torres– proponiendo el cambio de dicha sanción. La cuestión previa se aprobó por ocho votos a favor, tres en contra y una abstención.

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De esta manera, sus colegas le lanzaron un salvavidas y la parlamentaria Torres se convirtió en la tercera “blindada” en apenas dos semanas. Previamente, Heidy Juárez y Magaly Ruiz también se libraron de ser suspendidas por 120 días y solo fueron amonestadas.

La Comisión de Ética también sometió ayer a votación el informe final de la denuncia contra la congresista Katy Ugarte por presunto despido arbitrario de una de sus trabajadoras de confianza en estado de gestación.

Este obtuvo seis votos a favor y ocho abstenciones, por lo que no se llegó a un acuerdo y el informe final deberá ser sometido a votación en una próxima sesión.

Otros blindajes

A Juárez se le acusaba de realizar cobros irregulares a los empleados de su despacho congresal y de la Comisión Especial de Cambio Climático. Cuatro de sus excolaboradores habrían testificado ante un medio periodístico, indicando que se les solicitaba un ‘diezmo mensual’ de sus salarios, dinero que se depositaba en la cuenta de Miguel Ángel Chafloque Domínguez, quien se desempeñaba como asesor principal de la congresista denunciada. Además, afirmaron que existían otros cobros denominados ‘aportes voluntarios’ que el mencionado asesor principal solicitaba para ‘actividades sociales’ de la parlamentaria.

El caso de la congresista Magaly Ruiz se originó a partir de un informe del programa Punto Final, que reveló la denuncia de un exempleado del Poder Legislativo, quien afirmó haber pagado S/1,500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por Ruiz.

Amenazas de muerte

El caso de Rosio Torres no es para pasar por alto, pues hace unos días una exasistente de su despacho hizo una grave denuncia: habló de “amenazas de muerte” y pidió garantías para su vida: Me llamaron con un dejo de Iquitos para decir que yo era la culpable de lo que está pasando. Yo no soy la culpable, soy una trabajadora más y no tengo nada que ver en esto. Creo que cada uno tiene que ser responsable de sus actos y si no lo denuncié a tiempo porque yo necesito el trabajo. Antes de todo soy madre”, remarcó.

Por Martín Rodríguez

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