Consultorías en Sunedu: pagaron S/10 millones

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En el periodo comprendido entre el año 2018 al mes de marzo de 2023, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) emitió un total de 459 órdenes de servicio a favor de 17 proveedores para la realización en su mayoría por “servicio de apoyo administrativo” por casi S/ 10 millones, pero que en realidad fue destinado para consultorías.

Así lo señala Luis Rodríguez Gómez, secretario general de la Sunedu, en un documento enviado a Clara Mucha Espinoza, jefa del Órgano de Control Institucional.

“Me dirijo a usted para solicitar que su despacho ejecute las acciones de control que a su naturaleza correspondan sobre las contrataciones realizadas por la Sunedu en el periodo de tiempo comprendido desde el año 2018 a febrero de 2023, con el propósito de atender los requerimientos formulados por la Unidad de Documentación e Información Universitaria (UDIU) de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos (DIGRAT), las cuales ascienden a un monto aproximado 10 millones de soles, en las mismas que se advierte la existencia de presunta irregularidad”, indica el funcionario.

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Señala que el objeto de las referidas contrataciones no se condeciría con la denominación de las mismas y vulnerarían las definiciones y disposiciones contempladas para tales contrataciones, tanto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N.° 303225, aprobado por Decreto Supremo N.° 082-2019-EF (TUO de la ley) como en la directiva para contratación de bienes, servicios o consultorías cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la Sunedu.

Asimismo, el análisis hecho por la Oficina General de la Sunedu advierte que “al parecer 459 órdenes de servicio (91%), que suman S/ 9’265,490, serían realmente “consultorías en general” y no “servicios en general”, de tal manera que solo 36 órdenes de servicios (9%) por un total de S/681,356 solo calificarían como consultorías en general.

“Practicada una revisión previa, se han evidenciado presuntas inconsistencias en su emisión, en razón de que al parecer 459 órdenes de servicios por un total de S/9´265,490 (41%), serían realmente “consultorías en general”, de tal manera que solo representan 36 órdenes de servicios (9%) por un total de S/681,356 y solo calificarían como “servicios generales”; las mismas que no guardan concordancia con la Ley de Contrataciones , Ley N.° 30225, modificada por Decreto Legislativo N.° 1444 y Reglamento DS N.° 344-2018-EF, máxime si se han determinado que un significativo número de dichos documentos fueron autorizados a favor de proveedores sin grados académicos o solo con grado de bachiller para realizar trabajos especializados a esta institución”, indica.

Añade que otros S/3’141,350 que representa un 31% del total del servicio gastado en el dicho periodo, corresponden a 156 órdenes de servicios que fueron asignados a 22 proveedores, los cuales fueron emitidos sin exigir título profesional alguno, y solo se le pidió acreditar el grado académico de bachiller, como condición establecida a los postores en los respectivos términos de referencia.

Asimismo, unos S/5’764,768, que representan un 51% del total, correspondieron a 269 órdenes de servicio que fueron asignados a 36 proveedores con título profesional, los cuales fueron emitidos como condición en los términos de referencia para los postores.

Sin grado ni títulos

En el periodo correspondiente de 2018 a 2023, se ubicó un segmento de personas naturales que prestaron servicios en calidad de terceros los cuales no presentaron ni acreditaron formación académica alguna, habida cuenta que, en los requisitos en los términos de referencia para la realización de dicha actividad, no se exigió a los postores presentar ningún grado académico y título profesional.

En ese sentido se emitieron a este grupo de proveedores un total de 70 órdenes de servicio a favor de 13 personas naturales para la realización de los denominados “servicios en general”, totalizando la suma de S/ 1’040,728.

Entre los favorecidos están David Muñoz Franco (S/138,500), Miguel Muñoz Gómez (S/143,500), Romaldo Nolasco Rojas (S/124,750), Gonzalo Cabanillas Quispe (S/94,333), Tania Panana García (S/115,500), Alejandrina Siña Takuri (S/115,500), Rubén Porras Zapata (S/90,000), Víctor Muchica Farfán (S/60,000), Martín Recinas Quispe (S/76,050), Luis Castro Salazar (S/19,995), Manuel Fernández Paredes (S/51,100), María Arrunategui Aranibar (S/8,000) y Luciano Saldívar Negrete (S/3,500).

“Existiría un número significativo de proveedores cuyo perfil profesional o técnico no habrían garantizado o no cumplirían con el desarrollo y utilidad de los productos presentados al área usuaria”, señala una de las conclusiones del informe de la Oficina de Administración de la Sunedu.

Por María Teresa García 

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