Contraloría alerta que corruptos nos roban más de S/ 67 mil millones

Durante periodos de Sagasti y Castillo, perjuicio causado por malos funcionarios escaló hasta alcanzar el 13.6 % del presupuesto nacional.

Por Emilio Grillo

Desde enero de 2020 hasta la fecha, el perjuicio económico causado por la corrupción e inconducta funcional en el Perú supera los 67 mil millones de soles, habiendo llegado al pico de pérdidas en el año 2021 con 24,262’964,827 soles, de acuerdo al Índice CGR de Corrupción, que anualmente emite la Contraloría General. Esta última cifra representa el 13.6% del presupuesto nacional devengado o ejecutado.

Si bien la población identifica como las caras visibles de la corrupción en el Perú, según diversas encuestas y estudios de opinión pública, al presidente Pedro Castillo, a su exsecretario Bruno Pacheco y al prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, entre otros, el abuso del poder público para beneficio personal y privado es transversal a todos los niveles de gobierno.

En esa línea, el contralor general Nelson Shack informó que el perjuicio estimado a nivel de Gobierno Nacional fue de S/ 11,057’470,804 (10.4% del devengado anual), a nivel de Gobiernos Regionales ascendió a S/ 8,842’666,434 (21.9% del devengado anual), y a nivel de Gobiernos Locales a S/ 4,362’827,589 (13.9% del devengado anual).

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DOS NUEVAS CARRETERAS CENTRALES

«En el 2021 hemos perdido por corrupción más de 24 mil millones de soles. Es un poco más que el presupuesto para la ejecución de dos nuevas carreteras centrales. Imagínense cómo sería nuestro proceso de desarrollo. Como lo he manifestado en reiteradas oportunidades, la corrupción es el principal problema público y estructural que tiene nuestra sociedad», manifestó el titular de la Contraloría.

Este perjuicio coincide con gran parte del gobierno de Francisco Sagasti y con los primeros meses de gestión de Pedro Castillo, aunque en el régimen de este último es cuando se han destapado los casos más escandalosos de corrupción, como el presunto pago de coimas para la adjudicación de las obras del Puente Tarata, el hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno o el tráfico de influencias para los ascensos en las Fuerzas Armadas.

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