Contraloría revela terquedades de ATU y peleas con el MTC
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Por Plinio Esquinarila

La idea de formar una autoridad autónoma del transporte en la capital se redondeó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski quien, con su primer ministro de entonces, Fernando Zavala, envió al Congreso de la República el Proyecto de Ley que crea la Autoridad Autónoma de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), rotulado en mesa de partes con el N° 1719/2017-PE el 28 de julio del 2017, siendo parte sustantiva de su mensaje a la nación por Fiestas Patrias.

Pero fue el sucesor de Kuczynski, Martín Vizcarra, con su socio Daniel Salaverry como presidente del Legislativo, quien coronó ese sueño de la “reforma del transporte” cuyos prolegómenos fueron impulsados por la ex alcaldesa metropolitana Susana Villarán (2011-2014), reforma que se relanzó el 27 de diciembre de 2018 cuando se promulga la ley N° 30900 que crea la flamante Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

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Desde entonces, sobre todo las ONG, tras la “doctrina” Villarán y de su director de Transporte, Gustavo Guerra-García, ligados a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, hablan de cambiar el “modelo comisionista-afiliador”, que consiste en que un chofer puede ser el titular de una ruta de transporte, aunque no cuente con unidades vehiculares ni con la solvencia económica que garantice un servicio formal.

El énfasis de esta reforma estaba puesto en combatir la liberalización del transporte que trajo Alberto Fujimori con el Decreto Legislativo N° 651, del 24 de julio de 1991, que establecía la libre competencia en acceso a las rutas y tarifas de servicio público, política que puso fin al vetusto sistema de los Enatru estatales, aunque el nuevo esquema, con el paso de los años, no pudo controlar el caos de un capitalismo popular emergente que, si bien solucionó a su manera el transporte en la capital, también se desnaturalizó en lo que el esnob intelectual llamó la “cultura combi”.

Contraloría

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