Dina Boluarte y el teatro judicial para adelantar elecciones | Allanan por Rolex, pero no actúan con Gustavo Gorriti
Diviac tumba puerta a presidenta, a pesar de que iban a dejar entrar. Huestes de Castillo y Vizcarra exigen vacancia inmediata.
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Lo que empezó como una denuncia sin confirmar, y continuó con medias verdades de la Fiscalía de la Nación sobre los relojes supuestamente de marca Rólex que usa la presidenta Dina Boluarte, terminó en un video armado por la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Este material está siendo usado por sectores políticos cercanos a los investigados Gustavo Gorriti, Pedro Castillo y Martín Vizcarra para exigir elecciones de inmediato.
Como en noviembre del 2020, el ahora casi extinto Partido Morado se sumó a esta radical posición.
Al filo de la medianoche del viernes, personal al mando del polémico coronel PNP Harvey Colchado, y del fiscal supremo provisional Hugo Mendoza, llegó a la calle Los Halcones 326, distrito de Surquillo.
Por el intercomunicador indicaron que tenían una orden de allanamiento, a lo cual se les respondió que esperen unos minutos, mientras llegaba Mateo Castañeda, abogado de la mandataria.
Sin embargo, Colchado no quiso esperar ni diez minutos, y ordenó a su subalterno golpear la puerta exterior con una comba. Esta se abrió fácilmente, y cuando entraban por el jardín interior, se les permitió el acceso total.
Esto habría ido en contra de la resolución de autorización de allanamiento del juez supremo Juan Carlos Checkley. En la página 35 del documento (fundamento 23) se precisaba que solo se usaría la fuerza de ser necesaria.
“a) El allanamiento y descerraje se realizará solo cuando resulte necesario, es decir, si en el inmueble o en el vehículo le es negado el ingreso o se encuentre cerrado”.
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“Les dijeron que esperen que llegue el abogado, y no esperaron y la reventaron. Fueron aproximadamente diez minutos. No quisieron esperar más”, dijo el premier Gustavo Adrianzén a EXPRESO.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros consideró que, si bien el sistema de justicia tiene el derecho y deber de investigar, se han faltado a todas las formas de ley.
“Han tumbado su puerta para poder ingresar, habiendo ya tomado contacto en el interior informándoles que les iban a dar las facilidades, como en efecto ocurrió”, agregó en Palacio de Gobierno.
Mateo Castañeda, abogado de Boluarte, cuestionó que alrededor de veinte policías y similar cantidad de fiscales haya llegado hasta los domicilios de su patrocinada. Luego precisó que, en conversación con el fiscal Mendoza, este le comunicó que podían dar su manifestación el viernes cinco de abril.
“Por consejo legal de mi persona, la presidenta va a declarar primero ante la autoridad competente, porque todos debemos comprender que esta investigación fiscal es reservada. Después de dar su declaración ante la autoridad competente podrá hacerlo ante los medios como corresponde”, detalló el letrado.
Otro hecho llamativo, es que a los cinco minutos de haberse tumbado la puerta de un combazo, el video respectivo grabado por la Diviac, ya estaba en las redes sociales. Incluso llegaba a medios de comunicación internacionales.
A esto se suma que Checkley había emitido su resolución el 28 de marzo, a las 4:47:58 de la tarde. Es decir, un jueves santo, luego de que el fiscal Mendoza se negara a responder al Congreso si se estaba gestionando allanamientos a Boluarte.
Cabe indicar que, en su pedido de allanamiento, el titular del Ministerio Público, Juan Villena, no había incluido que, el 27 de marzo, se había notificado a destiempo de la diligencia de ese día en la casa de Surquillo (se avisó a las 8:05 de la mañana, cuando la disposición señaló ocho en punto). Este hecho desvirtuaba la tesis de “rebeldía”, pero fue acallado por la Fiscalía.
De este modo, el Poder Judicial no estuvo informado de todos los hechos, pero ordenó un allanamiento que se hizo con comba, a pesar de que no habría sido necesario.
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