El caso Alberto Fujimori no está cerrado: Pedro Hernández, nuevo miembro del TC, habla del fallo que otorgó libertad a expresidente
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¿El resultado del fallo que ustedes tomen sobre las demandas efectuadas por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, podría devolverla al cargo?
Habría que ver el caso cuando se realice, cuáles serían los efectos de la sentencia. No hay que olvidar que el tribunal, en general, ejerce sus potestades dependiendo de algunos principios; habría que ver si como parte de la deliberación de lo que plantea el ponente, si ese es uno de los efectos.
Lo importante es que hay que tener claro que estamos hablando de un proceso abstracto más allá del nombre de los titulares.
Pero ¿podría sentar precedente?…
Obviamente, sienta precedente pero respecto a la institución. Los procesos orgánicos sientan precedente respecto a instituciones, y los procesos de libertad sientan referencia y hasta precedentes respecto a particulares.
¿Cuál es la demanda más importante que ha hecho Benavides cuando era titular del Ministerio Público?
Digamos que si la Junta (Nacional de Justicia) puede investigar o no determinados supuestos de desempeño institucional de quien ejerce la fiscalía de la Nación; se han cuestionado algunas decisiones, me parece que la parte demandante ha señalado que podrían estar vinculados a un tema de dirección y, en ese sentido, lo que habría que analizar es que si en un proceso disciplinario podría mediatizar el desenvolvimiento de un órgano de dirección como es el fiscal de la Nación, que es titular de un Organismo Constitucional Autónomo, y eso es tal vez el aspecto más importante en una óptica jurídico-constitucional en mi perspectiva.
¿Qué puede traer como consecuencia?
La gran ventaja de estos procesos competenciales, igual que los procesos de constitucionalidad, es que generan precedentes para conductas futuras. Ojalá que el tribunal en su momento, y esto es una crítica sana, hubiera hecho lo mismo cuando se habló de la cuestión de confianza en su momento, tal vez nos hubiéramos evitado toda la crisis política de unos años, la disolución del Congreso, la denegatoria fáctica.
Peajes
¿Cuándo se estaría terminando de evaluar los casos del Ministerio Público y de los peajes?
Estamos empezando a debatir, probablemente a fines de febrero puede ser una fecha medianamente en el mayor de los optimismos, en que los magistrados tengamos la convergencia necesaria. Eso es en los dos casos.
¿Cómo va el caso de los peajes?
Tuvimos una audiencia de dos procesos porque hay un amparo y un habeas corpus. Es un asunto complejo porque es un tema concreto de libertad.
En el habeas corpus se está señalando la posible afectación de la libertad de tránsito, y en el amparo hay varias pretensiones, y una es aquella que cuestiona la propia existencia de los peajes porque dice que es una posición de dominio.
En el amparo cuestionan los peajes en general y en el otro, el cobro de la caseta de Puente Piedra, señalando que hay afectación a la libertad personal, porque se le obliga a pasar por allí porque no hay rutas alternas.
¿Por qué dice que es complejo?
Es un tema complejo; por un lado hay un bien constitucional llamado los contratos que se firman, la libertad contractual, los alcances de un control a un elemento importante de un régimen económico que además tiene un vía específica de resolución, que es el arbitraje y, por el otro lado, la cautela de derecho fundamental, eso tal vez es uno de los primeros aspectos a señalar.
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