En manos del Tribunal Constitucional: exigen celeridad para solucionar caso de peajes a S/7.50 y respeto a derechos fundamentales
Extitular de ese organismo Ernesto Blume demanda a actuales magistrados darle prioridad a esta controversia por tratarse de una problemática social. En tanto, tribuno Gustavo Gutiérrez Ticse adelantó que la decisión podría demorar “semanas o meses”.

En manos del Tribunal Constitucional: exigen celeridad para solucionar caso de peajes a S/7.50 y respeto a derechos fundamentales.
Contra todo y haciendo oídos sordos del pedido de las más de 3 millones de ciudadanos que viven en la zona de Lima Norte, la concesionaria Rutas de Lima sigue adelante con su decisión de incrementar el precio de los peajes de la Panamericana Norte y la Panamericana Sur.
El caso ha llegado al Tribunal Constitucional (TC), que deberá buscar una salida a la situación que algunos especialistas consideran un abuso al derecho fundamental del libre tránsito. El magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, ha dicho que el caso se tratará en el Pleno en los próximos meses, lo que parece una burla para los ciudadanos que diariamente tienen que circular de manera obligatoria por las pistas donde se encuentran las casetas de peaje.
“El peaje es legítimo, pero tenemos que analizar si ese mismo peaje anula del todo el derecho a la libertad de tránsito o existen vías alternativas para poder justificar algún tipo de controles y ejercer un mecanismo que permitir intervenir en esa ejecución contractual. En las próximas semanas o meses se debería tomar una decisión”, dijo.
Prioridades
El expresidente del TC Ernesto Blume sostiene que los actuales integrantes de este organismo deberían priorizar el debate sobre este proceso constitucional por violación a la libertad de tránsito y por tratarse de un tema de interés ciudadano.
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“Dependiendo de la carga que tiene el TC, el caso puede demorar, pero cuando es una situación de interés público los magistrados tienen la potestad de alterar el orden en el que va resolviendo. Si tiene la connotación social, debería resolverse cuanto antes; estamos hablando de unos 30 días. En la práctica el TC se demora porque tiene mucha carga, hay mucho volumen de expedientes y los magistrados van resolviendo en orden de llegada, salvo que prioricen algunos casos. Yo creo que el TC debería darle prioridad a este caso, yo lo haría porque tenemos que ser sensibles a la problemática social que se presenta”, dijo a EXPRESO.
Sin embargo, Blume aclaró que el Tribunal Constitucional no es el ente encargado de solucionar este tema de fondo. Más bien precisó que debería resolverse en el Poder Judicial o a través de un acuerdo entre le empresa concesionaria y la Municipalidad de Lima.
“Hay un ciudadano de Puente Piedra que ha iniciado un proceso constitucional por violación de su libertad de tránsito porque lo obligan a pagar el peaje a pesar de que él vive en ese distrito y tiene que entrar y salir todo el tiempo. Este señor dice que eso viola su libertad de tránsito y ese es el caso que está llegando al Tribunal Constitucional, no es un caso general en el que el TC va a analizar la problemática en general, más bien es que a partir de este caso el Tribunal va a intervenir para analizar si estos peajes afectan o no el derecho a la libertad de tránsito de la personas. El TC va a decidir un fallo individual, pero no va a resolver todo el problema, aunque sí podría decir algo sobre estos contratos”, explicó.
Luego añadió: “Para mí, lo más importante es que los empresarios privados reconsideren su posición y haya un refinanciamiento o una reformulación del contrato para que no sea lesivo a los intereses públicos. Ojo, estamos frente a un tema muy delicado porque se le quita incentivo a la inversión privada, aunque no se puede negar que aquí hubo mucha corrupción de por medio y por eso pienso que el Poder Judicial tiene que actuar rápido y resolver este caso de evidente corrupción. Ahora bien, si el Poder Judicial encuentra responsabilidad penal y descubre que estos contratos tuvieron un origen ilícito, sí podrían verse afectados esos contratos, pero mientras eso no ocurra hay que presumir que fueron legales y que todo son inocentes”.
Derechos fundamentales
Muchos especialistas sostienen que en el caso de Rutas de Lima y los peajes en la periferia de la capital que a partir de febrero subirán de precio, existe obstrucción a la libertad para transitar.
¿Por qué el tema de los peajes concierne a los derechos fundamentales si más podría considerarse que es un tema civil, contractual que podría revisar los tribunales arbitrales? El doctor Gustavo Gutiérrez Ticse, uno de los siete miembros del TC que deberá dilucidar este delicado caso, precisó lo siguiente: “La parte denunciante señala que hay vulnerabilidad a la libertad de tránsito que sí es un derecho fundamental tan importante como el derecho a la libertad de empresa”.
Consultado por la posibilidad de que el “peaje social” que planteó el Ejecutivo a través de las declaraciones del ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, el doctor Gutiérrez Ticse precisó: “El peaje social puede ser una alternativa de solución, sin embargo esa posibilidad choca actualmente con los términos contractuales e implica que se modifique el contrato, para lo cual se necesita un acuerdo entre la autoridad municipal y los empresarios privados que manejan el tema de los peajes”.
Finalmente, el tribuno recordó que el caso será votado por el Pleno del TC y que ya no se encuentra en la sala que él dirige. “En aras del ejercicio de contribuir a la institucionalidad hemos pedido que este caso sea revisado en el Pleno y no en la sala que yo presido que antes tenía a cargo la investigación. Ahora serán los siete magistrados quienes resolverán el tema de los peajes”, manifestó.
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