Equipo Lava Jato se queda sin “show”: Poder Judicial revoca prisión preventiva a Jorge Barata
Delincuente brasileño ganó en tribunal a grupo que aún dirige Rafael Vela. Ministro Juan José Santiváñez pide expulsarlo del Ministerio Público.
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Un pedido del Equipo Lava Jato imposible de realizar, pero aprobado por un juez de primera instancia, fue anulado por el Poder Judicial: La orden de prisión preventiva a Jorge Barata, quien vive en Brasil, país con el cual Perú no tiene acuerdo de extradición.
“Revocar la Resolución N° 16 de fecha 7 de octubre de 2024 y, reformándola, se impone al investigado Jorge Henrique Simoes Barata la medida de comparecencia con restricciones por el plazo de 24 meses”, se lee en la Resolución 4 de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.
El abogado del exejecutivo de Odebrecht, César Nakazaki, había reclamado que se habían vulnerado diversos derechos de su patrocinado, pero la mayoría de sus argumentos fue rechazado.
Barata estuvo declarando a la Fiscalía hasta fines del 2023, cuando la justicia brasileña invalidó la información de los servidores My Web Day y Drousys. Esta no había tenido la debida custodia, por lo cual no servía como prueba, ni se podía dar testimonios basados en ella.
Entonces, el fiscal José Pérez pidió revocar los beneficios de la colaboración eficaz. En primera instancia, se cumplió su pedido, pero en segunda lo perdió. Esto se ha repetido casi a la exactitud, pero para lo que pidió Geovana Mori, miembro del Equipo Lava Jato que investiga el Gasoducto del Sur.
Los jueces aplicaron el criterio de que no es necesario que un extranjero viva en el Perú para demostrar que tiene arraigo familiar, laboral o domiciliario.
“Constituyó patrimonio a lo largo de su vida laboral y, actualmente, está jubilado y asume su costo de vida por medio de rentas financieras oriundas de su patrimonio y jubilación, incluso la del instituto nacional del seguro social – INSS, en el valor mensual actual de RS. 6,040.48”, precisaron.
El hampón extranjero prácticamente no iba a tener problemas si se le dictaba orden de captura desde Perú, por no existir un canal legal para cumplirla. Algo similar pasará con una medida ordenada por la sala superior.
“Pago de una caución económica ascendente a la suma de S/.500,000.00 (quinientos mil soles), la misma que deberá ser abonada dentro de los 10 días de notificada la presente resolución en la casilla judicial de la defensa técnica”, se indicó.
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Este golpe para el equipo que coordina Rafael Vela se une a las denuncias por favoritismos a Odebrecht (Novonor) en el acuerdo de colaboración eficaz.
Justamente, no se incluyó una cláusula que impida a la empresa corrupta demandar al Perú. Por ello, ahora un tribunal internacional podría hacerles ganar un arbitraje, y obligar a nuestro país a pagar alrededor de S/4,500 millones por cancelar el contrato del Gasoducto.
Esto no pasó desapercibido para el Poder Ejecutivo. El ministro del Interior y abogado penalista, Juan José Santiváñez, fustigó duramente a Vela en RPP, a propósito de su remoción de la coordinación nacional de fiscalías de lavado de activos.
“Yo respeto mucho la autonomía del Ministerio Público. Sin embargo, considero que una persona no puede salir de un puesto, digamos con los agradecimientos del caso cuando en realidad debería salir sujeto a una investigación”, manifestó.
Recordó que el funcionario no solamente está siendo cuestionado en este momento por la pésima negociación con Odebrecht, sino que además ignoró las declaraciones de los brasileños, de que Mariano González facilitó el cobro irregular de un monto a través de un contrato ficticio.
“¿Y quién es el fiscal que autorizó el sobreseimiento de su caso? Rafael Vela, a pesar de que el juez en primera instancia se opuso. Entonces, yo creo que existe una serie de cuestionamientos que en lugar de darle agradecimiento al señor, debería en este momento estar sometido a un proceso disciplinario y luego pasar a la junta Nacional de Justicia para que le cancelen el título de fiscal”, agregó Santiváñez.
Similar crítica hizo el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pero a Gustavo Gorriti, aliado mediático de Vela. En conferencia de prensa, respondió a que su partido, Renovación Nacional, esté investigado por presunto lavado de activos.
“Estamos acostumbrados porque esta Fiscalía y este Poder Judicial, en mi opinión, están politizados. Es lamentable. El señor Gorriti, en mi opinión también, tiene un dominio de Fiscalía y Poder Judicial de muchos años. Entonces, nos van a perseguir de todas maneras porque hablamos bastante claro y trabajamos. Pero sí, no nos callamos la boca”, aseguró el burgomaestre.
Como para darle la razón, la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad, en el despacho de Jhousy Aburto, abrió dos investigaciones a colectivos de manifestantes por supuesto acoso a Vela, Pérez, Gorriti y otras personas.
“Por el plazo de sesenta días (60), contra los que resulten integrantes del grupo “La resistencia”, “Los patriotas”, “Los combatientes””, señala una disposición.
Al parecer, la funcionaria no se ha documentado bien, porque no existe ningún colectivo “Los patriotas”. Es decir, investigaría a un grupo inexistente.
Según la fiscal, otros agraviados son Gloria Cano (miembro de la ONG Aprodeh que difamaba a los héroes comandos Chavín de Huántar), Jorge Salas Arenas (expresidente del Jurado Nacional de Elecciones) y Piero Corvetto (jefe de la ONPE).
También aparecen como posibles víctimas la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la abogada Rosa Palacios. A esta última, se le da una condición privilegiada como presunta defensora de Derechos Humanos.
A un mes de sentencia
