Fernando Olivera opinó a favor de Odebrecht en Contraloría: así destruyeron el caso en última defensa

No solo cerraron los diques legales y políticos en favor de constructora corrupta, sino que obligaron al ente de control a no fiscalizar. PPK, ministros y equipo de Proinversión en la conjura.


Para allanar el camino del control de la Interoceánica del Sur en favor de la constructora brasileña Odebrecht, producto del pacto colusorio entre el entonces presidente Alejandro Toledo y Jorge Barata, superintendente de esta empresa en Perú, se dedicaron a demoler las opiniones técnicas que, desde dentro y fuera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de otras entidades, habían resistido a esta ofensiva de los intereses transnacionales corruptos contra el Perú.

En esta entrega, amigos lectores, vamos a reseñar cómo es que destruyeron la última defensa que tenía el país en la escena oficial: la Contraloría General de la República. Y lo hicieron con ayuda de Proinversión, del Congreso mediante la promulgación de la Ley 28760, que prohibió al instituto contralor fiscalizar el latrocinio que venimos reseñando. Y de personajes como Fernando Olivera Vega.

Un hito importante es que cuando el 23 de junio de 2005 se otorga la concesión de los tramos 2, 3 y 4 a la constructora Odebrecht y sus consorciadas peruanas encabezadas por Graña y Montero, ese mismo día la Contraloría emitió el Oficio N° 1208-2005-CG/DC e informó a las autoridades del gobierno de Alejandro Toledo “que había formulado graves observaciones al expediente del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil”.

Entre las tantas objeciones había una que saltaba a simple vista al revisar el monto de inversión del estudio de factibilidad. Y es que el costo por kilómetro carretero sin asfaltar superaba en más de 100 % a los costos tradicionalmente considerados en obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de Provías Nacional del MTC.

Pero la más escandalosa de las ocho observaciones principales era la desnaturalización del modelo escogido de concesión al sector privado (tipo BOT) que implica que el que pone la inversión es el privado. Pero en este caso era el Estado el que pagaba, al extremo de parecer “una obra pública”, como se observaba en las sobrevaluaciones del costo por kilómetro de vía o en el hecho de tomar el presupuesto del expediente técnico solo como referencia, porque el monto final salía de los cálculos de los proyectos de ingeniería de detalle (PID) que los hacía la misma firma Odebrecht.

Del cuero salen las correas

Los técnicos de la Contraloría deben haber saltado hasta el techo cuando constataron otro detalle. Que Odebrecht no traería mayores recursos al Perú, sino que trabajaría con lo que saldría de la misma obra, primero con los pagos anuales de obras (PAO) que redundaría después en los PAMO (pago anual por mantenimiento de obras).

Eran además cálculos de cifras siderales que ni siquiera estaban consignadas en las leyes de presupuesto, sobre todo en el Marco Macroeconómico Multianual. De alrededor de US$ 800 millones subiría a unos US$ 4,000 millones.

Todo esto con el añadido que la obra del proyecto de IIRSA Sur ya había sido exonerada de presentar, como se hacía con todo proyecto, de los estudios de preinversión, inversión y postinversión en cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 27293 (SNIP).

Amenazas a su protector

Ante estas y otras observaciones de la Contraloría, Toledo, que ya había recibido US$ 20 millones producto del pacto colusorio en un hotel de Copacabana en Brasil, montó en cólera y aprovechó el mensaje presidencial de Fiestas Patrias de ese año 2005 para lanzar amenazas que incluía a su protector en ESAN, Genaro Matute, el mismo que le había facilitado hasta oficina al de Cabana en esta institución académica.

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“Amigos y amigas, esa interoceánica desembocará en los tres puertos que necesitan ser modernizados, Marcona, Ilo y Matarani, quiero dejar en claro que no permitiré que ninguna burocracia indolente trate de retardar la ejecución de la interoceánica del sur”, dijo con su conocida voz engolada.

Desde Proinversión nunca salió a luz ninguna crítica ni discrepancia. Menos del Ministerio de Justicia ni del Congreso. En el MTC hicieron los cambios afines a sus objetivos; pero no pudieron hacer lo mismo en la Contraloría, no obstante que el titular de esta entidad, Genero Matute, un iqueño de personalidad sólida, había sido puesto por Toledo.

Por Plinio Equinarila

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