Fiscalía libre para investigar a Castillo

El camino del Ministerio Público para iniciar las investigaciones preparatorias contra Pedro Castillo, quedó libre luego que el Pleno del Congreso aprobara la acusación constitucional del expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión.

La resolución legislativa de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides contra Castillo, a quien sindica como presunto líder de una organización criminal, fue aprobada con 59 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones.

Como era de esperarse, los parlamentarios de izquierda fueron quienes intentaron salvar de la investigación al expresidente, tal como lo vienen haciendo en todas las comisiones indagadoras.

Blindaje hasta el final

Intentaron blindar hasta el final a Castillo los parlamentarios de Perú Libre, María Agüero, Alex Flores, Américo Gonza, Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Wilson Quispe, Silvana Robles y María Taipe.

Asimismo del Bloque Magisterial, Paúl Gutiérrez, Francis Paredes, Germán Tacuri, Katy Ugarte y Lucinda Vásquez.

También los de Perú Bicentenario, Víctor Cutipa, Elías Varas; de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, Betssy Chávez (expremier de Castillo) y Luis Kamiche. De Juntos por el Perú, Roberto Sánchez (exministro de Castillo).

De igual forma los congresistas no agrupados Guido Bellido, Luis Picón y Óscar Zea.

Prefirieron abstenerse de votar los legisladores de Acción Popular, Darwin Espinoza y Jorge Flores, así como Jorge Marticorena de Perú Bicentenario.

Sin inmunidad

El titular del Congreso, José Williams, dijo que el expediente con la acusación constitucional será elevado a la Fiscalía de la Nación para que continúe con las investigaciones.

Con el antejuicio político se levantó la inmunidad a Pedro Castillo, ello con el propósito de que sea la judicatura ordinaria la que establezca la responsabilidad penal.

Exministros

Como ya había sucedido en la Comisión Permanente, los legisladores de izquierda no se condolieron con los exministros de Castillo, a quienes sí les encontraron responsabilidad política.

En el caso de Juan Silva Villegas, los congresistas votaron de forma unánime por acusarlo. La votación fue de 87 a favor, cero en contra y cero abstenciones.

En tanto que en el caso de Geiner Alvarado 80 votaron a favor, cero en contra y una abstención de Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial).

El informe final elaborado por el congresista Diego Bazán (Avanza País) recomendó acusar a Pedro Castillo por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y colusión.

Asimismo, solicitó acusar a Juan Silva Villegas, prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y por tráfico de influencias-colusión.

En el caso de Geiner Alvarado López se recomendó acusarlo por el presunto delito de organización criminal.

Pedido sin sentido

La sesión plenaria para debatir las denuncias constitucionales en contra de los tres personajes antes citados se inició a las diez de la mañana y se extendió hasta casi las 3 de la tarde.

La Fiscalía sindica a Pedro Castillo como el presunto cabecilla de una organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal, en especial en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde direccionaron licitaciones como en Provías Descentralizado y también en Petroperú.

Antes del debate se le dio la palabra a Eduardo Pachas, defensor de Pedro Castillo quien ni bien inició su participación, pidió a la representación nacional que su defendido acuda ante el Pleno del Congreso de la República para ejercer su derecho a defensa o, de lo contrario, los 130 parlamentarios efectúen la sesión en el penal Barbadillo, donde se encuentra Castillo luego de su fallido golpe de Estado.

"Es parte del debido proceso -en la vertiente del derecho a la defensa- el exponer los hechos y estar presente en el pleno del Congreso o, caso contrario, en el sentido de que el Congreso y el lNPE lo autoricen, vean la posibilidad de que el Congreso se traslade a las sede del penal para que el presidente exponga directamente (...); no aceptamos el tema de la virtualidad", desafió Pachas.

Además, el abogado pidió el resumen de la denuncia constitucional que había elaborado a través de diapositivas el congresista delegado Diego Bazán y tener el derecho de hacer lo mismo durante su defensa.

"Pido se conceda al señor Pedro Castillo Terrones exponga los fundamentos de hecho directamente ante el Pleno del Congreso y permítame por el principio del derecho a la defensa, hacerlo también directamente exponiendo el powerpoint de la misma forma y modo, previa entrega de los powerpoint que han expuesto los señores congresistas anteriores", señaló.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso) atribuyó el pedido de la defensa de Castillo, a un intento más de obstruir la sesión pues la solicitud hecha por Pachas fue enviada ayer a través de un oficio minutos antes de iniciar la reunión plenaria pese a que Castillo fue notificado el pasado 13 de febrero.

"Continuamos con las acciones dilatorias u obstruccionistas, el señor Pedro Castillo Terrones fue notificado para participar de esta audiencia con fecha 13 de febrero, recibió la notificación de manera personal. El abogado, con las prácticas que ya conocemos, presenta el día de hoy (ayer) recién a las 10 y 32 minutos un escrito solicitando lo que acaba de exponer. Debemos recordarle al abogado que el Congreso de la República no es el órgano facultado para otorgar ese tipo de permisos si no lo es el Ministerio de Justicia a través de INPE. Entonces si el abogado desconoce este tipo de procedimientos no es responsabilidad del Congreso de la República; debió desde el día 13 que tuvo conocimiento de esta situación, realizar todas las gestiones", dijo Camones.

Diego Bazán agregó que el pedido hecho por Pachas denota la falta de voluntad del expresidente Castillo de acudir al Parlamento y le recordó que las audiencias fiscales también se hacen de manera virtual.

"Hay que recordar también que en este momento los procesos que se llevan a cabo en el Poder Judicial y en el Ministerio Público son de manera virtual, incluso el expresidente Castillo acude de manera virtual sin ningún problema; esta no tendría por qué ser la excepción, no tiene ningún privilegio. El Congreso de la República no puede ceder ante la falta de trabajo del señor abogado que no ha cumplido en su momento con hacer sus diapositivas; no es nuestra responsabilidad y si las tiene, que las muestre", afirmó.

Eduardo Pachas respondió que una audiencia fiscal o judicial se hace de manera virtual siempre y cuando el denunciado acepte dicho procedimiento, y en el caso de Castillo no se le preguntó si quería o no acudir presencialmente al Parlamento.

Debate

Después de que Pachas participó por casi una hora tratando de excusar a su patrocinado, se inició el debate el cual estuvo caracterizado por una cerrada defensa de los legisladores de izquierda, en especial del Bloque Magisterial, a favor de Pedro Castillo.

En ese momento, el argumento de los legisladores de las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático y Perú Bicentenario fue que la acusación constitucional hecha por la fiscal de la Nación se efectuó cuando Pedro Castillo era presidente de la República. También afirmaron que se estaba vulnerando el derecho a la defensa, al no permitir que el expresidente acuda presencialmente al Pleno del Congreso.

Américo Gonza de Perú Libre afirmó que con la decisión de continuar la audiencia, se estaba transgrediendo la Constitución.

"La denuncia fue presentada cuando el presidente ejercía el cargo, están transgrediendo la Constitución quienes dicen que la defienden. (...) Un presidente tiene que tomar decisiones y los responsables son los ministros (...); esa es la garantía que se le da a la investidura del presidente. De allí empieza el vicio a la denuncia y sigue cuando no se le permite ejercer la defensa, por eso es que la Constitución garantiza que en sede parlamentaria tiene que haber debido proceso", indicó.

Katy Ugarte, del Bloque Magisterial, prefirió atribuir la acusación contra el presidente a una persecusión política, así como responsabilizó al entorno de Castillo de efectuar los hechos de presunta corrupción.

"Vemos una persecución política; Petroperú o los ministerios no dependen del presidente. Considero que cada uno debe asumir sus responsabilidades y no caer en supuestos. (...) Hay que considerar que si un partido gana las elecciones, se rodea de funcionarios de confianza y si algún funcionario traicionó a Castillo, no se pueden forzar figuras legales para incriminar a Castillo", indicó.

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Guido Bellido, expremier de Castillo prefirió ir por el camino de la conspiración por el tema de una nueva Constitución. “Hay una mente maestra y eso está claro con su presencia el día anterior en Palacio (de Gobierno). Para ello se ha implementado una serie de acciones y lo de hoy es parte de ello, independientemente de las acusaciones a otros, el transfondo, el delito, es haber planteado un nuevo contrato social, una nueva Constitución, y todas las acciones legislativas obedecen a ello..., y supuestos controles políticos llegan a eso”, dijo Bellido.

No faltó quien atribuyó la situación legal de Pedro Castillo, “al odio fujimontesinista”.

"Sin investigación preparatoria no es posible la acusación, no se dejen influir por el odio del fujimontesinismo, votaré en contra de acusar a Castillo", sostuvo Silvana Robles, de Perú Libre.

Desde la otra orilla, estuvieron los parlamentarios del bloque democrático, quienes señalaron que Castillo no asistió a ninguna citación congresal y la presente no era la excepción.

Quien dio testimonio de la falta de interés de Castillo por acudir al Parlamento fue Héctor Ventura, titular de la Comisión de Fiscalización que investiga una presunta organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo.

"Todo el país es testigo de acciones dilatorias de Castillo para evitar declarar los innumerables casos por los que se le investiga. La Subcomisión y Fiscalización fuimos testigos de reprochables acciones por un abogado que deja mucho qué desear, por ello es importante recordar que Castillo fue vacado cuando quiso dar un golpe de Estado", afirmó.

Por su parte, Jorge Montoya, de Renovación Popular, acusó a Eduardo Pachas de emplear maniobras dilatorias para evitar el debate de la denuncia constitucional.

"El abogado está empleando medidas dilatorias de manera irrespetuosa en el Congreso, con la finalidad de que no se debata esta denuncia constitucional. Hay que recordarle a ese abogado que el expediente Castillo, que la audiencia de prisión preventiva ordenó 36 meses de privación de libertad fue también virtual, por lo que la regularidad de esta diligencia está totalmente ceñida a ley", afirmó.

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