Fiscalía ya investiga genocidio por COVID-19

Martín Vizcarra rechazó donaciones y prefirió comprar pruebas rápidas desechadas en Europa. Congresista Alejandro Muñante denuncia al exministro de Salud, Víctor Zamora.


A las denuncias e indicios de corrupción que enfrenta Martín Vizcarra con las vacunas de Sinopharm, se suman evidencias de genocidio durante la pandemia de la COVID-19. La Fiscalía de la Nación viene acumulando más documentación que apunta a que la aparente negligencia habría sido un plan para lucrar a costa de la vida de más de 200 mil peruanos.

El subsector especializado en Derechos Humanos ya maneja la Carpeta Fiscal N.° 2022-98. Junto a otros elementos, el fiscal supremo adjunto Marco Huamán ha acopiado información que había desechado la ahora extitular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos.

Los hechos que podrían llevar a la cárcel –eventualmente– a Vizcarra y sus exministros Víctor Zamora (Salud) y María Antonieta Alva (Economía), son las medidas sin sustento técnico que empezaron a tomar desde inicios de 2020. En ese entones, China y la Organización Mundial de la Salud advertían de que un contagioso virus haría colapsar los sistemas hospitalarios.

Un mes después de que Zamora asumiera el Minsa, Luis Pérez Gonzales, presidente de Hytera Mobilfunk Gmbh Perú, dirigió una carta de intención de donación a Palacio de Gobierno. Se ofrecían 100 mil mascarillas desechables de tres capas, 75 equipos de radiodiagnóstico, plataforma de gestión de monitoreo, y nueve puestos de despacho para comunicaciones unificadas.

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“Es en tiempos de crisis donde aflora lo mejor de cada uno, y la grandeza del Perú se basa en que la mayoría de los peruanos son gente honorable, solidaria, que realiza su trabajo, cualquiera este sea, de manera honesta y responsable, por lo que no nos queda duda de que lograrán vencer este virus y las adversidades que conlleva”, señalaba.

A pesar de que esto era totalmente gratis (su costo al por mayor era de más de 2.5 millones de soles), el ‘Lagarto’ nunca respondió.

En vez de eso, el Poder Ejecutivo activó la compra de millones de pruebas de anticuerpos (rápidas), en contra de lo revelado por la antecesora de Zamora en el Minsa, Cecilia Hinostroza.

Por César Rojas y María Teresa García 

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