Francisco Sagasti ocultó al Perú demanda de Víctor Polay Campos

Había pedido firmas a terroristas en 1996, y no comunicó notificación de CIDH en 2021. Minjus se niega a identificar responsables, denuncia Amoretti.


En marzo de 2021, Francisco Sagasti era presidente de la República, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificaba la petición de Víctor Polay Campos. Sin embargo, el susodicho la mantuvo en estricta reserva, impidiendo que el Perú sepa lo que sucedía.

Lo revelado por la exprocuradora Delia Muñoz fue gracias a que esto figura en la base de datos abierta de la CIDH, a diferencia del Ministerio de Justicia peruano, el cual no lo divulga.

En este tiempo, Violeta Bermúdez y Eduardo Vega eran premier y titular del Minjus, respectivamente. Tanto Sagasti como su premier preferían hacer conferencias de prensa para anunciar denuncias a militares que habían combatido al terrorismo.

El secretismo en sí no es el único problema, ya que, al no conocer el Perú lo que sucedía, el gobierno morado maniobró con aparente negligencia. El 2 de marzo de 2021 la CIDH había notificado al Perú del reclamo emerretista, y este fue respondido tres meses después, el 3 de junio de 2021.

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En el sistema interamericano solo la décima parte de demandas se admite, y la de Polay logró esto, por lo cual la respuesta morada habría estado mal elaborada, lo cual perjudica a la posición peruana.

Esto fue informado al Ministerio de Justicia el 28 de marzo del año pasado, cuando ya era presidente Pedro Castillo. Este régimen solo debía esperar que la parte demandante responda y se cite a diligencias.

No es coincidencia que alguien que en la crisis de rehenes del MRTA coordinaba que los secuestradores terroristas le firmen un recuerdo, tenga esta actitud. El señor Sagasti nunca debió ser presidente del Perú. Ni siquiera congresista”, sostuvo Eduardo Martínez, comando Chavín de Huántar a EXPRESO.

El oficial del Ejército, quien fuera herido de bala por un secuaz de Polay, indicó que este antecedente de complacencia con delincuentes va de la mano con la negligencia de los procuradores y del servicio diplomático.

Comando lo emplaza

“Sagasti debió pedir perdón a todo el Perú, y en especial a las Fuerzas Armadas, por su recuerdito. Así hemos tenido procuradores y embajadores que dejan que gente de Sendero y el MRTA se asilen en el extranjero. Deberían ser voceros de la verdad, pero, salvo excepciones, parecen cómplices de su propaganda”, acotó.

Esta cultura del secretismo no sería solo del gobierno morado, sino una costumbre enquistada en el Ministerio de Justicia, específicamente entre los procuradores de carrera. Así lo denunció el penalista Mario Amoretti, en entrevista a este diario.

“Dicen siempre ‘hay que retirarnos de la Corte Interamericana porque les da la razón a los denunciantes’, pero es porque estamos indefensos. Nuestros representantes del Estado que son enviados no conocen nada de derecho penal ni proceso penal, son políticos. Están única y exclusivamente por el sueldo, los pasajes y la estadía, pero no hacen defensa, inclusive se allanan a las denuncias con los familiares de terroristas y ahí tenemos los resultados”, indicó el abogado.

En ese sentido, Amoretti recordó que, cuando formó parte de la defensa legal de los comandos Chavín de Huántar, quienes fueron denunciados por familiares de terroristas ante dicha instancia internacional, las pruebas que demostraban la inocencia de los militares nunca fueron enviadas a la CIDH, pese a que fueron entregadas a los representantes del Estado peruano con ese fin en aquel momento.

Tras este caso, se reveló que había solicitado al Minjus información respecto a quiénes fueron los encargados de defender los intereses del Estado peruano frente a las denunciadas presentadas por los terroristas ante la CIDH. Sin embargo, esta nunca fue revelada hasta el día de hoy.

“He denunciado públicamente y ningún congresista ha hecho eco de mi denuncia. Que se pida al Ministerio de Justicia para que dé a conocer los nombres de los representantes del Estado desde 2001 hasta la fecha. ¿Por qué no se quiere a dar a conocer? He ahí la interrogante, ¿qué hay de por medio?”, cuestionó el abogado, quien no descartó que estos funcionarios continúen ocupando estos cargos de tan alta responsabilidad, pese a su deficiente labor.

Por César Rojas y Wilber Torres

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