Fraude histórico: pagaré falso sirvió para apoderarse de América TV

El gerente de una oficina del Banco Wiese Sudameris falsificó un pagaré el 4 de julio del año 2001, instrumento que sirvió para que Indecopi declarara la insolvencia de la Compañía Peruana de Radiodifusión (CPR) con lo cual flanqueó el camino a fin de que los grupos La República, El Comercio y Redes de Colombia se apoderaran de América Televisión, siguiendo un plan trazado con antelación en el seno del poder político de la época.

La historia del pagaré es solo el inicio de una inmensa trama que se ejecutó por varios años y en la que están implicados altos y medianos funcionarios del Banco Wiese Sudameris, directivos de Indecopi, grupos empresariales, procuradores públicos, políticos y abogados de reconocidos bufetes.

Los principales favorecidos fueron Gustavo Mohme Seminario, dueño del diario La República, y los accionistas del Grupo El Comercio, con el respaldo del entonces presidente Alejandro Toledo Manrique quien puso sus ojos en este medio de comunicación apenas fue declarado como presidente electo en junio de 2001.

Quien hace esta denuncia es el abogado Jorge Antonio Castro Castro, actual presidente del directorio de Perú Visión S.A., propietaria del 99.9999% de acciones de las Compañía Peruana de Radiodifusión que, a su vez, es la dueña de América Televisión.

Desde hace veintitrés años el letrado está tratando de recuperar el medio de comunicación, actualmente en poder de Plural TV conformado por los accionistas del Grupo La República y de El Comercio.

Ha acudido a diversas instancias: el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República, Indecopi y ha llegado, incluso, a realizar demandas ante la justicia de los Estados Unidos y otros organismos internacionales.

Al comienzo actuó por encargo de su cliente, José Enrique Crousillat, y luego como accionistas porque recibió un paquete de acciones de América Tv como pago de sus honorarios profesionales por sus servicios durante más de quince años, lo cual lo convierte en el accionista mayoritario.

Castro ha investigado todos los entretelones de este escandaloso caso y, luego de dos décadas, ha podido reunir la documentación suficiente que prueba categóricamente el escandaloso fraude que permitió apoderarse el canal de televisión más importante del país y beneficiarse con cientos de millones de dólares desde 2002 hasta la actualidad.

Situación de América de TV

En 2001, cuando comenzó la confabulación, la situación financiera de América Tv no era de las mejores. Tenía acreencias con el Banco Wiese Sudameris y Televisa Internacional, el anterior propietario del canal de televisión que había traspasado sus acciones a José Enrique Crousillat en 1994.

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También mantenía deuda por impuestos no pagados con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), entre otros acreedores que incluía a los propios trabajadores del canal. Por si fuera poco, Crousillat tenía graves problemas judiciales desde que se difundió el video de su visita a las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) donde recibió dinero para vender su línea editorial. Por esos meses, la justicia peruana había determinado una orden de captura en su contra.

Se trataba del panorama conveniente para quienes pretendían apropiarse de América TV. El dueño legal de las acciones no podría defender su empresa adecuadamente, estaba más preocupado por sus problemas judiciales personales. Y eso lo sabía perfectamente Alejandro Toledo al asumir el poder el 28 de julio de 2001.

El pagaré falso

El funcionario escogido para fabricar el documento fraudulento que dio inicio a la ilegal estrategia de apropiación del canal de televisión fue Mario Alberto Santamaría Costa, gerente de una agencia del Banco Wiese Sudameris.

El plan fue diseñado en las más altas instancias de esa misma entidad financiera cuyo gerente general, Eugenio Bertini Vinci, tenía serios problemas judiciales debido a que también estaba implicado en el caso Montesinos. El banquero estaba acusado de haber participado en expatriar dinero ilegal del exasesor de Alberto Fujimori y esconderlo en paraísos fiscales.

La condición jurídica de Bertini era también conocida por Toledo, quien se aprovechó de esta situación para presionar y forzarlo a colaborar en la apropiación de la CPR. A cambió, le ofreció ayudarlo para solucionar su proceso judicial.

No sólo Bertini participó del complot, sino, además, altos directivos como Jean Francoise Patarin Jamin, entonces gerente general adjunto. Otros como Jorge Trelles Mendiburu, Helbert Rickets Bustamante, Oscar Furuya Hirose, Rómulo de la Vega y Jorge Lazo Navarro estaban, asimismo, al tanto de las maniobras.

El 4 de julio del año 2001, Santamaría Costa emitió y ejecutó el pagaré Nº 3361 por US$ 223,360 que vencía el 30 de agosto de ese mismo año, es decir, solo 56 días después. Lo escandaloso es que el documento financiero no cumplía con una serie de requisitos legales.

Por Carlos E. Villacorta

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