Fuerza Popular abandona actitud pasiva: denuncian a Gustavo Gorriti y a funcionarios de Fiscalía por organización criminal

¿Fiscal Alcides Chinchay seguirá solo en su “indagación previa”?


Fuerza Popular cumplió con el anuncio de tomar acción legal contra Gustavo Gorriti y funcionarios del Ministerio Público. Pero no fue una, sino tres: pidió al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, abrir investigación por organización criminal, cohecho, fraude procesal y tráfico de influencias, a raíz de los testimonios del colaborador eficaz Jaime Villanueva.

Al mismo alto funcionario se le ha pedido separar a Rafael Vela y a José Pérez del Equipo Lava Jato, por indicios de politización de varios casos, entre ellos el de “Cócteles”.

Y, como corolario, los fujimoristas han acudido a la Junta Nacional de Justicia para que esta entidad suspenda de inmediato a los mediáticos fiscales, aplicando el mismo procedimiento que se utilizó a la investigada Patricia Benavides.

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La denuncia penal se suma a la del abogado y exconsejero regional de Moquegua Luis Miguel Caya, presentada el último 13 de febrero. Esta motivó que el fiscal supremo Alcides Chinchay solo abra una “indagación previa”, con el argumento de que no se había precisado los artículos del Código Penal con los cuales encajarían los hechos.

Pero además de Gorriti, Vela y Pérez, Fuerza Popular incluye en su tesis de banda de delincuentes a Martín Vizcarra, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, Alejandro Silva (exasesor de Susana Villarán y del mencionado Sánchez) y al mismo Villanueva. También figura la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) como persona jurídica.

“Habría desplegado acciones delictivas desde el año 2015 en adelante, manteniéndose sus miembros en el ejercicio de cargos públicos importantes y ostentando un poder político y mediático latente hasta la actualidad, destinada a obtener sus fines ilícitos”, indica el documento firmado por Milagros Takayama y Christian Salas Beteta, personera y abogado de Fuerza Popular, respectivamente.

Según la denuncia, todo este grupo de funcionarios y exfuncionarios habría tenido un modus operandi: abuso de autoridad, omisión de funciones, denuncia calumniosa, falsedad ideológica y falsedad genérica.

Cada imputación viene acompañada de su respectivo artículo en el Código Penal. Al parecer, el fujimorismo decidió precisar estos puntos, para que el fiscal adjunto Alcides Chinchay no evada realizar diligencias.

“Los objetivos de la organización criminal denunciada serían garantizar el poder político de facto, valiéndose del abuso de las funciones y atribuciones de la Fiscalía de la Nación, en coordinación con los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, interviniendo ilegalmente en la actividad política del país”, se indica.

Este punto se basa en las declaraciones de Jaime Villanueva, de sus reuniones con Gorriti, con Pedro Chávarry y otros funcionarios dedicados a investigar casos emblemáticos.

El “Filósofo” ha mencionado directamente al oenegero en los supuestos negociados entre Benavides, congresistas y hasta el interino Villena.

“Por aquí el otro supremo Villena ya se ha echado con ‘Shakira’ (como es conocida Zoraida Ávalos). Gorriti lo ha amenazado con que no lo dejará ser FN [Fiscal de la Nación]”, se leía en un chat que el propio Villanueva ha reconocido.

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