Incriminan a Marisa Glave en sobornos de OAS
Augusto Rey está más enlodado aún en el aumento del precio de peajes y la ampliación de la concesión a OAS. Hay más implicados que fueron de la administración edil de Susana Villarán.
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La exregidora de la Municipalidad de Lima, Marisa Glave, siempre repetía: “Yo no tengo las manos manchadas de sangre ni de corrupción”; otro regidor del partido de la entonces alcaldesa Susana Villarán tenía un discurso similar: “La corrupción es un cáncer que está matando al país”. Este dúo y otros, como Anel Townsend, se vendían ante la opinión pública como los nuevos poderes morales de la nación. Pero el tiempo se encargó de atemperar esos ímpetus.
Estos y otros personajes de izquierda habrían recibido dinero de Valfredo de Assis Ribeiro Filho, exgerente general de la empresa brasileña OAS, según un reportaje emitido por ‘Contracorriente’ de Willax este fin de semana.
“Esta nueva investigación nació antes de que soliciten 29 años de prisión para la exalcaldesa Susana Villarán y después de procesar una gran cantidad de información”, según el reportaje que también se basa en declaraciones de un colaborador eficaz.
Esta denuncia es el desarrollo del expediente madre de la Fiscalía que desagrega las vías de transporte público de Línea Amarilla de Lima sobre el que su expresidente, Leo Pinheiro, ya había confesado que aceptó pagar hasta unos siete millones de dólares a favor de Villarán, a través de José Miguel Castro (“Budián”), a cambio de la ampliatoria de plazos de concesión y subir los peajes en Lima Metropolitana.
En la nueva carpeta fiscal (CF SGF N.° 10-2020) están los detalles declarados por Valfredo de Assis y Augusto César Ferreira e Uzeda, ejecutivos de OAS, quienes estarían incursos en “actos de corrupción y/o concertación con funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para hacer pagos ilícitos a los regidores de la citada entidad edil y otros”, señala el escrito en la página 6, para luego hacer el listado que sigue.
-Marisa Grave Rey y Zoila Elena Reátegui Barquero (regidoras), “quienes conjuntamente habrían recibido la suma de 20,000 dólares americanos”.
-Jaime Salinas López Torres obtuvo la suma de 120,000 dólares.
-‘Anel’ Townsend Diez Canseco, jefa de la campaña política por la No Revocatoria de Susana Villarán, 20,000 dólares.
-Jorge Nieto Montesinos, asesor de Villarán, uno de los más privilegiados con 129,000 dólares.
-Carlos Enrique Juscamaita, el que habría tenido el monto mayor, con 250,000 dólares.
El documento fiscal considera que esos son dineros ilícitos aportados por las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la citada campaña por el No a la Revocatoria de Susana Villarán a cambio de que dichas empresas sean beneficiarias de los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.
En otras palabras, “son actos de concertación entre los ahora exfuncionarios municipales y los representantes de la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú y Línea Amarilla S.A.C.-LAMSAC”, esto para incorporar la Adenda N° 1 al contrato de Concesión Línea Amarilla el año 2013, un agregado que permitía no solo la ampliación de 30 a 40 años la duración de la concesión, sino el reajuste de los peajes en las vías administradas por dicha firma.
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A los actos de concertación, la Fiscalía añade el delito de colusión y cohecho por los pagos recibidos por los regidores ediles de la era Villarán, pero no se encuentra lo que es un denominador común en el caso Lava Jato: el delito de organización criminal.
Para redonear la faena, Marisa Glave habría recibido dinero procedente de Odebrecht y OAS, con la finalidad de apoyar la consabida campaña ‘No a la Revocatoria’, según indicó el colaborador eficaz José Miguel Castro (“Budián”).
Según la declaración de Castro, Glave y Zoila Reátegui “visitaron entre seis u ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña. Ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados” en la campaña por el ‘No a la Revocatoria’.
Por ello, agregó Castro, se autorizó al tesorero de la campaña, Luis Gómez Cornejo, que se entregara a Glave y Reátegui la suma de 60,000 soles, informó el portal de la agencia Andina el 14/7/2020.
Más de Glave
Como ya lo había publicado EXPRESO en su edición del 27 de agosto de 2019, Marisa Glave también es investigada por la compra irregular de un terreno que costó a la Municipalidad de Lima más de siete millones de soles sin sustento técnico.
Todo indica que la operación fue para favorecer a personas que crearon dos empresas solo para adquirir y vender 7,141.13 metros cuadrados de la zona de Campoy, ubicado en la primera etapa de San Juan de Lurigancho, en el límite con Lima Cercado.
En ese entonces la exprocuradora Yeni Vilcatoma demostró que las empresas Portal Campoy SAC y Portal Campoy SRL gestionaron el cambio de zonificación, compraron el terreno y lo vendieron, hechos que coinciden con los momentos en que la municipalidad en mención evaluaba cambios en el proyecto Línea Amarilla.
Todo empezó en 2011, cuando Villarán acababa de asumir el cargo de alcaldesa de Lima, y Marisa Glave fue designada presidenta de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura.
🗞 ¡Aquí la portada del Diario Expreso para este martes 23 de mayo de 2023!
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— Diario Expreso (@ExpresoPeru) May 23, 2023
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