Investigarán a exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, por presunta comisión del delito de lavado de activos
EXPRESO accedió a un documento de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica que indica disposición.
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La fiscal superior titular de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, Hilda Graciela Montes Navidad, dispuso la reapertura de la investigación al exgobernador de Ica Fernando Cillóniz Benavides, y ordenó recabar más información sobre empresas y propiedades vinculadas a Cillóniz y sus familiares.
La investigación se remonta a una denuncia presentada el 21 de abril de 2023 por el abogado Alberto Pachas Ávalos, quien a partir de una nota periodística señala que, entre los años 2015 y 2018, durante el mandato de Cillóniz, este habría utilizado su influencia para obtener predios de manera irregular, los que posteriormente habrían sido blanqueados a través de empresas vinculadas a su familia.
El 13 de mayo de 2024, sin embargo, un fiscal de la región dispuso archivar la denuncia por considerar que no existían elementos suficientes que sustentaran la apertura de una investigación formal. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos interpuso entonces un recurso de queja y sostuvo que la decisión del Ministerio Público fue prematura y carecía de un análisis exhaustivo de las pruebas.
El denunciante sostiene que Cillóniz Benavides habría incrementado su patrimonio de manera significativa durante su gestión, al registrar a su nombre y de familiares decenas de inmuebles, vehículos y empresas agroexportadoras e inmobiliarias. Indica también que varios de estos bienes habrían sido registrados a nombre de terceros y familiares, con el objetivo de ocultar su origen ilícito.
La investigación tendrá que revelar quiénes habrían estado involucrados en presuntos actos de corrupción, como la titulación de tierras irregulares. Se tiene conocimiento de 10 inmuebles en las ciudades de Lima e Ica, así como de 39 personas jurídicas constituidas en diversas ciudades, incluyendo Lima, Arequipa, Trujillo, Ica y Chincha, además de vehículos registrados en la Oficina Registral de Lima.
La Procuraduría solicita, por ello, que se realicen diligencias, como el análisis de movimientos bancarios a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investigaciones sobre las propiedades del exgobernador e informes a diversas entidades del gobierno, como el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
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