JNJ en la cuerda floja: aprueban destitución de miembros de la Junta | Congreso debe ratificar cese e inhabilitación

Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no se salvarían de ser removidos de sus cargos, luego que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobara el informe final que recomienda la destitución e inhabilitación por 10 años de la función pública, al haber mantenido en su cargo a Inés Tello pese a haber sobrepasado el límite de edad que se requiere para integrar dicho organismo.

Votación

Fueron 15 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, los que suscribieron el informe final de la autoría de Esdras Medina (Unidad y Diálogo). Los parlamentarios José María Balcazar (Perú Bicentenario), Edgar Reymundo y Susel Paredes (Cambio Democrático-JPP), así como Francis Paredes (Podemos), no avalaron el documento, mientras que Elizabeth Medina y Alex Paredes del Bloque Magisterial prefirieron abstenerse.

“Acusar a Imelda Tumialán Pinto, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez Ríos, vicepresidente de la JNJ; Henry Ávila Herrera, miembro de la JNJ; Humberto de la Haza Barrantes, miembro de la JNJ; María Zavala Valladares, miembro de la JNJ; Guillermo Thornberry Villarán, miembro de la JNJ por infracción constitucional de los artículos 156 inciso 3 y 139 incisos 3 de la Constitución. Adicionalmente, acusar a Inés Tello de Ñecco, miembro de la JNJ por infracción constitucional del artículo 156, inciso 3 de la Constitución; conforme a los fundamentos expuestos en el presente informe”, señala el documento.

Inhabilitación

Asimismo, el informe propuso se imponga a los acusados, “la medida de destitución de sus cargos e inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado”.

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El informe final indica que de los medios probatorios se tiene que el límite de edad de 75 años fue considerado unánimemente por los integrantes de la Comisión Especial para la Selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes así lo expresaron en la audiencia pública realizada el 15 de diciembre de 2023, “donde de manera inequívoca e inobjetable se pronunciaron sobre dicho requisito como una condición de entrada o acceso y como una condición de permanencia en acatamiento de la formula constitucional que, de manera expresa establece ‘para ser miembro’, lo cual implicaría que si un miembro de la JNJ se encuentra fuera de los rangos etarios señalados constitucionalmente pierde dicha condición”.

Debido proceso

La integrante de la SAC, Patricia Juárez (Fuerza Popular), recordó que los propios miembros de la JNJ señalaron que la vía adecuada para investigarlos, era a través de una denuncia constitucional tratada en la Subcomisión y no en la Comisión de Justicia que, en su momento, efectuó una indagación sumaria en contra de ellos.

“Esta denuncia ha sido presentada cumpliendo con todos los requisitos, con la debida antelación y recordemos cuando se presentó una moción en el Pleno y esa moción fue a la Comisión de Justicia, en ese momento el argumento de defensa de los miembros de la JNJ, era que el canal adecuado era a través de una denuncia constitucional en la SAC. Entonces nos encontramos frente a una denuncia constitucional presentada por el congresista (Jorge) Montoya y que nos toca debatir la pertinencia del informe presentado por el congresista Esdras Montoya”, sostuvo.

Preocupación

El legislador José Cueto (Renovación Popular) criticó que la Junta se haya atribuido la facultad de interpretar la Constitución en beneficio propio.

“Me preocupa que se le trate de dar a una institución como la JNJ, la posibilidad de interpretar la Constitución cuando no la tiene y tanto es así que como en algún momento han tenido que pedirle una opinión a Servir para tener un poco de respaldo, y Servir tampoco es una institución que pueda interpretar la Constitución”, indicó.

Para el parlamentario, la Carta Magna es clara cuando dice que un miembro de la JNJ tiene que terminar sus labores a los 75 años.

Defensa izquierdista

Un discurso diferente tuvo el congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario), quien consideró exagerada la sanción que removería e inhabilitaría a todos los miembros de la Junta por un hecho que, según él, se puede tratar de manera administrativa.

Para Balcázar, la recomendación del informe final responde a motivaciones políticas. “El dictamen de Esdras Medina es formalmente un ejercicio lógico, pero en el fondo no se dice cuál es el trasfondo real: que es que aquí hay una lucha política que estos últimos días se ha acrecentado más por los escándalos políticos de que se querría copar la JNJ”, afirmó.

Lady Camones afirmó que, tras la aprobación del informe final, lo que corresponde es elevarlo a la Comisión Permanente que de aprobarlo, lo remite al Pleno del Congreso que puede debatir las recomendaciones en cualquier sesión plenaria desde marzo próximo.

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