JNJ mete mano en elección de nuevo presidente del Poder Judicial

Por César Rojas

Mientras se publicita que Elvia Barrios y Pablo Sánchez, magistrados supremos que fueron funcionales a Martín Vizcarra, serían suspendidos por la Junta de Justicia creada gracias al propio “Lagarto”, habría un objetivo político detrás.

Este sería impedir el ascenso de Javier Arévalo a la Presidencia del Poder Judicial -las elecciones son el 6 de diciembre-, imputándosele que su hermano contrata con el Estado. Sin embargo, otro juez de la misma categoría, Héctor Lama More, está en la misma situación, pero no tiene ningún proceso por ello.

A la titular del PJ y al exfiscal de la Nación se les han elaborado sendos documentos para destituirlos o suspenderlos, porque luego de que llegaron a supremos sus familiares directos contrataron con el Estado. A Arévalo se le pretende aplicar la misma sanción por servicios de su hermano a entidades públicas, pero estos se brindaban desde antes de que él asuma cargos importantes.

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El quid del asunto es que este último es uno de los representantes de la máxima instancia del PJ más antiguos, no politizado, y con apoyo de la mayoría de integrantes de la Sala Plena para que voten por él como reemplazo de Barrios este 6 de diciembre. Sin embargo, bastaría que la JNJ lo suspenda un mes para que no participe en las elecciones.

De este modo se favorecería las ambiciones legítimas de Lama More, quien estuvo a punto de ocupar el máximo puesto judicial cuando quedó en segundo lugar, luego de la vocal. Pero le queda menos de un año de servicio, por límite de edad, por lo cual también se habla de eventuales postulaciones de Janet Tello Gilardi o de Mariem de la Rosa, si Arévalo queda “vetado”.

El 3 de octubre Guillermo Thornberry, miembro instructor de la Junta de Justicia, envió el Informe 026-2022-GSTV-JNJ, a Henry Ávila. Allí se incluye a Vicente Walde Jáuregui, pero este ya pasó al retiro el 27 de noviembre de 2019, y cualquier efecto práctico solo se aplicaría a Barrios o a Arévalo.

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