Jorge Salas Arenas quiere que extranjeros le aseguren su cargo como titular del JNE

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En vista de que los “jueces a la carta” ya no pueden paralizar el funcionamiento fiscalizador del Congreso de la República, no solo la exfiscal Zoraida Ávalos y las ONG caviares acuden a organismos extranjeros para que los favorezcan, sino que ahora resulta que la gestión de Jorge Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones, ha acudido abiertamente a pedir el apoyo de funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas y de la misma justicia interamericana.

Tan poca es la consideración que el también juez supremo le tiene a la soberanía jurídica del Perú, que incluso ha conseguido el apoyo del polémico magnate George Soros, por medio de Diego García Sayán, quien ha sido el ponente estrella en un evento internacional en Lima. Nos referimos al mismo exministro García Sayán que emitió resoluciones secretas para liberar terroristas y que trabajó discretamente para la constructora brasileña Odebrecht, principal actora del caso Lava Jato.

Ante las sucesivas derrotas que abarcan los fueros legales y políticos a partir de las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), la prensa de dicho sector, asustada, asume la defensa de Ávalos, Salas Arenas y otros, como Martín Vizcarra, con base en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA emitidas en un comunicado de prensa que vio luz este miércoles.

No obstante que el Poder Legislativo puede investigar, juzgar y sancionar, con penas de suspensión, destitución e inhabilitación a ejercer cargos públicos por hasta diez años por el delito de infracción de la Constitución, como está estipulado en los artículos 99 y 100 de la Constitución, lo que además está desarrollado en el Reglamento del Congreso, sin embargo el ente supranacional tiene la osadía de negar estas facultades o funciones tradicionalmente practicadas.

Sin embargo, la CIDH sostiene que las acusaciones constitucionales del Congreso peruano se basan en infracciones a la Constitución que no están definidas ni están en las leyes. Añade que se plantea una sanción política atribuyéndose facultades de las que carece el Congreso en relación con otros poderes del Estado.

No hacer caso

Ha hecho bien el Congreso en no hacer caso a un comunicado de prensa de un relator de la CIDH que trató de conminar a un poder del Estado que buscaba que no acuse constitucionalmente a la exfiscal Zoraida Ávalos, señala en respuesta el jurista Domingo García Belaunde.

“El Congreso no tiene que tomar en cuenta como obligatorio lo que ha hecho el relator del Perú en la CIDH [Stuardo Ralón], por más que haya tenido el visto bueno del presidente de la Comisión. Aún si fuera el pleno de la CIDH, en cuyo caso habría que evaluar el tema, pero si es contrario al interés nacional sus recomendaciones no son vinculantes para el Estado peruano, por lo que simplemente no se aplican o no se acatan”, sostuvo el experto.

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“Incluso si hubiera sentencia de la Corte Interamericana, si colisiona con sentencias firmes de las máximas autoridades judiciales o constitucionales o son atentatorias contra la seguridad nacional, como ha sucedido con un fallo de la Corte Suprema argentina, entre otros como en Brasil, simplemente no se acata. Y no pasa nada, como ya ha sucedido en otros países”, subraya Domingo García Belaunde.

Estas consideraciones debería tomar en cuenta la señora Zoraida Ávalos, quien en diferentes medios de prensa ha declarado que recurriría a la Corte IDH, obviamente para ser repuesta en el cargo, tras los pasos de su mentor, el expresidente Martín Vizcarra, que tiene causa abierta y que sueña también con recuperar sus supuestos derechos conculcados como presidente de la República o como congresista elegido por el partido Somos Perú.

Más de Salas Arenas

De otra parte, el titular del JNE, Jorge Salas Arenas, también recurre al paraguas del sistema interamericano, en especial a la Corte Interamericana. En el seminario internacional “La independencia de los organismos electorales: estándares internacionales para elecciones democráticas” que ha organizado el JNE, ha hecho hincapié en este detalle y ha recabado -al igual que de Naciones Unidas- apoyo para que los fueros políticos del Congreso no lo toquen, esto a pedido de Colombia de Gustavo Petro.

“Todos los jueces, sean de carácter electoral o judicial, se encuentran hoy amparados por las decisiones de la CIDH en materia de independencia, las cuales son de obligatorio cumplimiento”, subrayó este martes en dicho evento realizado en Lima.

Luego enfiló contra el Tribunal Constitucional del Perú que ha fallado a favor del Congreso en su función de control político incluso de autoridades electorales.

“¿El Tribunal Constitucional del Perú conocerá los precedentes jurisdiccionales de la Corte Interamericana? ¿Conocerá los precedentes que por derecho comparativo se han emitido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?”, se preguntó Salas Arenas en sus redes sociales.

“Y si los conoce, ¿cómo es que sugiere que haya juicio político para las autoridades electorales?”, subrayó.

En el mencionado cónclave el apoyo del entorno del sistema interamericano provino principalmente de Diego García Sayán, expresidente de la citada Corte Interamericana, quien aseguró que los poderes políticos quieren poner en riesgo la independencia del sistema electoral peruano.

Por Plinio Esquinarila

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