Juan Carlos Villena mudo por peritaje a José Domingo Pérez: debe decidir si abre investigación preparatoria
Fiscal que dio beneficios a Odebrecht no justificó ingresos S/131 mil. En un solo mes hizo pagos en efectivo por el triple de su sueldo.
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“¿Quién moraliza a los moralizadores?”, una pregunta que Víctor Raúl Haya de la Torre planteó hace décadas, continúa vigente hoy en día. Esta vez, el Ministerio Público ha detectado un desbalance patrimonial de al menos 131 mil soles en José Domingo Pérez, el fiscal encargado de los casos penales más mediáticos desde que estalló el escándalo de Lava Jato en Perú.
El Informe Pericial Contable Financiero 06-2024, fechado el pasado 19 de julio y revelado recientemente por el programa televisivo Combutters, confirma este hallazgo. Todo comenzó el año anterior, cuando el diario EXPRESO y otros medios informaron sobre la compra de un vehículo Volvo por parte de Pérez, valorado en casi 300 mil soles. La adquisición causó suspicacias, ya que el fiscal recibe un sueldo mensual aproximado de S/ 14 mil. Esto llevó a la abogada Patricia Tubilla a presentar una denuncia formal por presunto enriquecimiento ilícito.
El informe de la Fiscalía, emitido el 19 de agosto de 2024, señala que Pérez no ha logrado justificar un incremento patrimonial de S/ 65,362.99 entre 2018 y 2022. Además, entre 2022 y 2023 acumuló un saldo adicional de S/ 66,355.48, lo que eleva el desbalance total a más de 131 mil soles. Según se detalla en el programa de Willax, esta suma no puede explicarse únicamente con los ingresos mensuales del fiscal, lo que agrava las sospechas sobre la procedencia de su patrimonio.
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La investigación formal comenzó a finales de 2023, cuando el fiscal superior anticorrupción, Reggis Chávez Sánchez, tomó control del caso. Desde entonces, José Pérez, quien ha ganado notoriedad en los medios por su participación en casos de alto perfil, ha intentado dificultar el trabajo de Chávez. Una de sus estrategias fue solicitar que se citara al periodista Humberto Ortiz Pajuelo, quien publicó la información sobre la compra del vehículo, y a la denunciante, Patricia Tubilla. Esta petición se consideró innecesaria, ya que la Fiscalía ya disponía de los datos proporcionados por ambos. No obstante, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria tuvo que resolver la solicitud, lo que demoró las diligencias hasta el 26 de abril, cuando finalmente se aprobó.
A pesar de estos retrasos, Tubilla ratificó su denuncia, y Ortiz acudió el 15 de julio a la sede de la Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Ortiz, en su testimonio, reafirmó que la información publicada por él era absolutamente fáctica, sin lugar a interpretaciones o juicios personales. “No es mi opinión, es información verificada”, comentó, cuestionando cómo un fiscal con ingresos mensuales de aproximadamente 3,500 dólares podría permitirse la compra de un vehículo valorado en más de 70 mil dólares.
Simultáneamente, en un caso de investigación por cohecho, en el que Pérez está implicado junto a los fiscales Vela y Gorriti, Pérez decidió actuar como su propio abogado defensor, lo cual logró, aunque con ciertas controversias. Intentó saltarse los procedimientos formales al no asistir a una citación y, en su lugar, envió un documento pidiendo que fuera leído en la audiencia. “Envió un cuestionario para que se formulara en la diligencia, pero fue declarado improcedente, ya que carecía de sustento legal”, señaló el abogado de Tubilla, Erasmo Reyna.
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