Jueces en salmuera: por apoyar a JNJ podrían ir presos por prevaricato y abuso de autoridad
Fiscalía abre investigación a Velarde Acosta, Escudero López y Paredes Flores. Congreso postergó votación hasta próximo aviso.
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Haber emitido una medida cautelar para que el Congreso no cumpla con su función de destituir miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), podría costarles la cárcel a José Luis Velarde Acosta, José Clemente Escudero López y Néstor Paredes Flores, de la Tercera Sala Constitucional de Lima.
Ante una denuncia de la legisladora Patricia Chirinos, el fiscal supremo adjunto Miguel Vegas Vaccaro les abrió investigación por abuso de autoridad y prevaricato. El sustento es que el Tribunal Constitucional ya aclaró que no se puede impedir que el Parlamento cumpla sus funciones.
“Los jueces superiores denunciados, habrían afectado las competencias de otros poderes del Estado u órganos constitucionales, obstaculizando su ejercicio constitucional que se reconoce al Congreso de la República al suspender el desarrollo de un procedimiento parlamentario”, se indica.
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Respecto al abuso de autoridad, el Código Penal (primer párrafo del artículo 376) es claro: “El funcionario público que abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.
En el artículo 418 de la misma ley se lee que “el juez o fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años…”. Esta condena se aplicaría en caso de probarse la acusación de prevaricato.
El fiscal Vegas Vaccaro dispuso varias diligencias, como recabar copias certificadas de la resolución que aprueba la medida cautelar, así como solicitar a la Autoridad Nacional de Control informe sobre las quejas funcionales que puedan tener Velarde Acosta, Escudero López y Paredes Flores.
“El plazo de diligencias preliminares corresponde a sesenta días naturales, sin perjuicio que el plazo antes mencionado pueda ser ampliado”, finaliza.
Se debe precisar que, si bien ninguno de los integrantes del colegiado superior tienen proceso pendiente en la JNJ, sí han venido ocupando cargos en forma provisional. Incluso dos se encuentran en esta posición, por lo cual sus remuneraciones dependen de designaciones a dedo.
En el caso de Paredes, el 17 de julio había sido promovido como juez supremo integrante de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, por designación del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela. Cinco días después, esta decisión se revocó, y volvió al colegiado superior.
Un rápido vistazo a la base de datos de Escudero y Velarde los presenta como magistrados especializados (de primera instancia) en el fuero civil. Sin embargo, en la Corte de Justicia de Lima los ubicaron para evaluar fueros constitucionales.
Conforme se lee en la Resolución Administrativa N.° 000532-2023-P-CSJLI-PJ, del 23 de agosto de 2023, se designó a Paredes como presidente de la Tercera Sala Constitucional. A los demás se les agrega una (P), lo cual significa que son provisionales.
El 31 de octubre, los tres jueces decidieron que una resolución del TC no podía ejecutarse. Esta se refería al indulto presidencial otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, y Paredes, Velarde y Escudero consideraron que este no valía porque un juez supremo lo había anulado. La Constitución Política señala que una prerrogativa presidencial no puede ser anulada en el Poder Judicial, pero resolvieron contra esta norma.
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