Jueces y fiscales se ponen fuera de la ley: podría ser denunciados penalmente por prevaricato
Anuncian que no aplicarán nuevas normas sobre lucha contra el crimen. Especialistas señalan que deberían acudir al Tribunal Constitucional.
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El mal ejemplo de algunos jueces de no tomar en cuenta las leyes peruanas de quienes lucharon contra el terrorismo, lo acaban de seguir funcionarios del Ministerio Público, específicamente en la obligación de que la Policía Nacional dirija las investigaciones preliminares.
Encabezados por Katharine Borrero (conocida por usar su cargo contra periodistas), la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro informó a su Oficina de Imagen que no obedecerán la Ley 32130.
“Se acordó mantener las atribuciones contenidas en el artículo 159 inciso 4 de la Constitución Política del Perú”, señalan.
Esta parte de la Carta Magna indica que el Ministerio Público dirige las investigaciones desde el principio, y dispone las acciones a realizar por la PNP.
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A diferencia de este anuncio de rebeldía, el fiscal interino de la Nación, señaló que está estudiando acudir al Tribunal Constitucional para que derogue la ley.
“Vamos a esperar que el TC decida si estas normas son constitucionales o no. Vamos a respetar esa decisión”, declaró a la prensa.
Otro punto que ha motivado pronunciamientos políticos desde el Poder Judicial y el Ministerio Público es el proyecto de ley que el Congreso de la República aprobaría pronto, respecto a sancionar penalmente a jueces y fiscales que liberen delincuentes en flagrancia.
Villena lo rechazó, y casi en sincronía, lo hicieron jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima (cuya presidente, María Vidal La Rosa, acaba de ser suspendida mientras se le investiga por presuntos nexos con la red del animador Andrés Hurtado).
“El Poder Legislativo ha aprobado las leyes 31571, 31989, 31990, 32104, 32017, 32054 y 32108 y el Gobierno no las ha observado, dispositivos legales que han debilitado al Poder Judicial y a los jueces, en la lucha contra la criminalidad organizada y que han contribuido a la inseguridad ciudadana, al incremento de la delincuencia y los actos de corrupción”, indicaron.
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