Luciana León: Pleno del Congreso aprueba denuncia constitucional contra exlegisladora

Aunque Luciana León afirmó ser víctima de una venganza política, el Pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra la exlegisladora aprista por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.

El informe final que sustentó la legisladora Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) acusa a la exparlamentaria de haber favorecido al empresario Alexander Peña, presunto líder de la organización criminal “Los Intocables Ediles de La Victoria”, a través del exalcalde de ese distrito Elías Cubas, a cambio de entregas de dinero.

En marzo pasado, cuando se aprobó el informe a nivel de la Comisión Permanente se rechazó el delito de organización criminal, que había sido incluido por la entonces fiscal Nación, Zoraida Ávalos.

Votación separada

El Pleno del Congreso decidió votar los presuntos delitos de manera separada. Es así que a favor de la denuncia por tráfico de influencias agravado votaron 73 congresistas, 3 en contra y 3 se abstuvieron.

Entre quienes prefirieron votar en contra estuvieron los congresistas de Acción Popular, Edwin Martínez y Wilson Soto, mientras que José Elías (Podemos), Héctor Valer (Somos Perú) y Jorge Flores (Acción Popular) se abstuvieron.

En el caso del presunto delito de cohecho pasivo impropio, 74 parlamentarios votaron a favor, 2 en contra (Martínez y Soto) y 3 abstenciones (Elías, Valer y Flores).
Asimismo, en el caso de peculado doloso por apropiación 75 votaron a favor, 2 en contra y 3 se abstuvieron.

Minimiza informe

Luciana León llegó hasta el Congreso de la República junto a su abogado Humberto Abanto, quien argumentó que las declaraciones de los colaboradores eficaces que acusaban a la exparlamentaria no estaban acompañadas de pruebas.

“¿Dónde están las pruebas? En la declaración de dos colaboradores eficaces. ¿Saben ustedes que la palabra de un colaborador eficaz no vale absolutamente nada sin un dato objetivo de corroboración de la entrega de la dádiva? Y van a encontrar que sólo está la palabra de estos colaboradores eficaces”, sostuvo su defensor.

Abanto intentó restarle importancia al informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SACC), señalando que estaba lleno de publicaciones periodísticas, pero no lo consiguió.

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“Los elementos de convicción son publicaciones del diario El Comercio que revelaban las filtraciones del propio Ministerio Público; hemos visto también filtraciones de chats íntimos entre la congresista y su prometido y dicen: ‘ah, sí, ella estaba obteniendo regalos para su boda’. ¿El Ministerio Público ha probado que esos regalos tienen vinculación con Álex Peña Quispe, que es la teoría del caso? No, no hay ninguna acreditación de eso en cuatro años y con eso le piden a ustedes que aprueben una denuncia constitucional”, agregó.

En otro momento, Abanto trató de politizar la denuncia contra Luciana León señalando que se efectuó en momentos en que el sistema democrático peligraba.

“Lo que ustedes tienen que apreciar en esta denuncia constitucional es la falta de entidad de los elementos de convicción que vienen con ella, y cómo es que se inserta en medio de un programa de destrucción de un sistema político que acabó colocando al país en una situación, en un paradero peligrosísimo para el sostenimiento de la democracia”, subrayó.

“Copia y pega”

Al igual que su abogado, Luciana León atacó la solidez del informe final, al señalar que el trabajo hecho por la SACC no puede basarse en un “copia y pega” de las denuncias ni menos convertirse en “mesa de partes del Ministerio Público”.

“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la ponencia (de Susel Paredes) debe investigar y no copiar y pegar lo que dice la Fiscalía porque hace las veces de juez instructor. (…) Y a la hora de investigar lo que debe hacer es corroborar lo que han dicho algunas personas y si es cierto o no; hay que corroborar y no ser mesa de partes de lo que diga la Fiscalía de la Nación. (…) La ponente Susel Paredes, en ese entonces tenía sentido que llevara el caso como miembro de la SACC como no agrupada, pero ahora forma parte de un grupo parlamentario, tengo entendido, en su legítimo derecho, ha decidido formar parte de una organización como es un grupo parlamentario, pero eso no ha sido aprobado por la Comisión Permanente; sin embargo, el día de hoy, ha sustentado un informe cuando lo había hecho anteriormente como congresista no agrupada”, manifestó.

Piden atribuirle crimen organizado

Al inicio del debate, la vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, pidió una cuestión previa, para que el Pleno del Congreso apruebe acusarla también por el delito de organización criminal y citó como precedente el caso del exmagistrado César Hinostroza.

“Estoy de acuerdo en que efectivamente lo que se necesita es corroborar pero esa corroboración no la hace el Congreso sino en sede fiscal. (…) Quiero solicitar al Pleno una cuestión previa para que este Pleno como máximo soberano, incorpore el delito de organización criminal en vista de que esto sí fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que defina una posición sobre este tema, no se está afectando el derecho a la defensa porque fue incorporado en el informe final que se aprobó en la SACC y fue la Comisión Permanente la que retiró en su momento”, sostuvo.

Por María Teresa García

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