Martín Vizcarra deberá responder por homicidio: Katherine Ampuero lo denuncia por muertos en pandemia
Ampliación de la acusación contra expresidente, por adquisición de pruebas rápidas, involucra a Víctor Zamora y María Antonieta Alva.
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La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero denunció al expresidente Martín Vizcarra y a sus exministros de Salud y Economía Víctor Zamora y María Antonieta Alva, respectivamente, por homicidio calificado en agravio de las personas fallecidas por la covid-19 en el territorio peruano.
“Dispongo la ampliación de la investigación preliminar contra las siguientes personas por la comisión del delito de la vida, del cuerpo y de la salud en la modalidad de homicidio calificado por dolo eventual; delito contra la salud pública, propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa y violación de medidas sanitarias ambos por dolo eventual, en agravio de las personas fallecidas por covid-19, en el territorio peruano durante la pandemia”, señala el pedido hecho al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.
Se trata de la ampliación de la denuncia en contra de los citados funcionarios por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, por posibles irregularidades en la compra de pruebas rápidas para la detección de la covid-19, en marzo de 2020.
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“En virtud al artículo 326 y 329 del Código Procesal Penal, solicito tenga a bien valorar el material indiciario que obra en carpeta fiscal y como titular de la acción penal que busca el esclarecimiento de los hechos para garantizar nuestro derecho de conocer la verdad y que hechos irregulares ilícitos no queden impunes”, señala el escrito.
Como es de conocimiento público, la Fiscalía de la Nación reaperturó la investigación preliminar contra el exmandatario Martín Vizcarra y sus ministros por 120 días, luego que previamente la archivara porque según informó, “no había suficientes indicios”.
Consultada por EXPRESO, Katherine Ampuero señaló que, de encontrarse responsabilidad en los denunciados, la pena podría bordear los 25 a 30 años de prisión.
“Cuando hablamos de homicidio estamos hablando de 8 a 15 años, más el delito de colusión, que también son 15 años, entonces podríamos estar hablando de penas que superan los 25 a 30 años de pena privativa de la libertad”, consideró.
La exprocuradora afirmó que la adquisición de las pruebas rápidas no sólo trajo consigo un hecho de corrupción, sino también la probable muerte de muchos peruanos quienes confiaron en el resultado que arrojó este método, sin conocer que también mostraba falsos positivos y falsos negativos.
“Claro que aquí no solamente han existido hechos de corrupción, sino hechos muchísimo más graves; estamos hablando de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y es por eso que he presentado una ampliación de denuncia, a efectos de que el fiscal de la Nación amplíe los delitos por los cuales se está investigando a estas personas, que es el delito de homicidio”, señaló.
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