Martín Vizcarra desesperado por nuevas denuncias de corrupción en Lomas de Ilo y Hospital Regional

Dos días después de que EXPRESO revelara nuevos hechos que lo comprometen en corrupción en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital Regional, el expresidente Martín Vizcarra perdió los papeles. El vacado por mentir respecto al Club de la Construcción insulta a este diario y aprovecha para victimizarse que el fiscal Germán Juárez Atoche no lo acusó por todos sus supuestos delitos, circunscribiendo este affaire a la figura permisiva del cohecho pasivo propio.

“’Primicia chocherita’, un pasquín publica noticias falsas del 2020 como actuales, cuando la Fiscalía después de 2 años de investigación archivó 4 delitos al respecto. ¿Tanto miedo tienen? ¡Ninguna persecución política nos va a doblegar!”, escribió este jueves en la red social Twitter.

Como ha quedado comprobado en los últimos años, esta redacción siempre usó información verosímil sobre las irregularidades no del 2020 sino desde 2013 que se cometieron en la región Moquegua donde Vizcarra fue gobernador entre 2011 y 2014. El tiempo nos dio la razón, al punto que dicho personaje fue vacado de la Presidencia de la República y luego inhabilitado por sus repudiables acciones durante la pandemia.

Conforme pasan los años se conocen nuevos detalles de las licitaciones manejadas por Vizcarra a fines de 2013, como Pasto Grande-Lomas de Ilo y la reconstrucción del Hospital de Moquegua, que la Fiscalía lo ha circunscrito al delito de cohecho pasivo propio.

Veamos. En nuestra edición de ayer hemos ilustrado los detalles de la reunión colusoria del 27 de noviembre de 2013 en la que pactan la rebaja del presupuesto de la obra del citado hospital no solo los empresarios de uno solo de los consorcios participantes en la licitación, sino el propio gobernador regional Martín Vizcarra Cornejo y el jefe de UNOPS en el Perú, Fernando Cotrim, en las oficinas de Lima de esta entidad.

¿En qué parte de la ley de contrataciones del Estado se permite este tipo de reuniones? ¿Esto no es colusión grave? La defensa de Vizcarra y los fiscales pueden argüir que para la configuración de ese tipo de delito tiene que haber perjuicio patrimonial al Estado.

¿No es un perjuicio patrimonial al Estado, por ejemplo, que Vizcarra esté gastando en viajes en avión de Moquegua a Lima, de ida y vuelta, más viáticos, para asistir a reuniones de la naturaleza antes descritas?

¿Quiénes son?

Se puede añadir que la figura de la colusión agravada se determina con una pericia contable. ¿Dónde está la pericia? No por lo menos en la acusación fiscal. ¿O es que no la han hecho? Si existe, ¿quiénes son los peritos que han rubricado que no hubo ningún perjuicio patrimonial al Estado?
Por el ejemplo antes puesto se colige que los perjuicios al erario público se pueden dar en cualquier etapa del proceso de licitación y no solo en la ejecución propiamente dicha.

¿O es que han pasado por agua tibia el presunto delito de colusión agravada y más aún la probable asociación ilícita para delinquir, que era otra hipótesis de trabajo del mismo fiscal Germán Juárez Atoche, tal como lo consigna en la acusación fiscal al momento de tipificar los presuntos delitos?

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Siguiendo con las interrogantes, cómo es que no va a haber asociación ilícita para delinquir en la narración prolija, de parte de los colaboradores y funcionarios de la misma región Moquegua, de cómo es que se festinaron los trámites en la entrega de cheques de adelanto de obra tanto para el Consorcio Obrainsa-Astaldi en Lomas de Ilo y para las constructoras ICCGSA e INCOT del Consorcio Hospital de Moquegua. (Ver recuadro).

La incursión en estos nuevos detalles que ha puesto EXPRESO al descubierto ha motivado que congresistas caracterizados como Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) muestren su preocupación ante la ciudadanía.

“Una nota de Expreso nos confirma que el Lagarto sigue blindado en el sistema judicial. Mientras se une a caviares y a sus waripoleras para atacar al Congreso e imponer su agenda, las delaciones de sus propios socios ameritarían ya acciones concretas por parte de la justicia”, sostuvo el legislador lambayecano.

Por Plinio Esquinarila

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