Más miembros del JNE en la picota
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Un parchado Jurado Nacional de Elecciones podría sufrir más bajas, ya que su presidente, Jorge Salas Arenas, ya evalúa quién podría reemplazar a Jorge Rodríguez Vélez, cuestionado por su polémico almuerzo con observadores internacionales. A esto se suma que otro miembro, Jovián Sanjinez, no informó que su familia es proveedora del Estado, algo que la ley prohibía.

Casualmente, estos tres altos funcionarios apoyaron que, a pesar de que Pedro Castillo y Martín Vizcarra habían ocultado propiedad de acciones en empresas, estos pudieron postular a Palacio de Gobierno y al Congreso de la República.

Solicito urgente elección complementaria para elegir a los suplentes del miembro titular del JNE en representación de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas”, se lee en el oficio 0414-2021-P/JNE, dirigido a Mónica O´Neill De la Fuente, decana de Derecho de la Universidad del Pacífico.

El documento, mostrado por ‘Panorama’, fue enviado por Salas el viernes 25, luego de que EXPRESO publicara cómo Rodríguez Vélez había estado en una reunión privada con José Thompson (Instituto Interamericano de Derechos Humanos) y Juan Máspoli (autoridad electoral de Uruguay). Esto se había dado en medio de licor y comida, el 5 de junio.

Aquí estamos en la difícil labor de la observación internacional”, “No es fácil”, “Sacrificándonos profundamente” y “Esto no es para cualquiera”, eran algunas de las expresiones de los comensales.

En el video que uno de los presentes registró, incluso al funcionario charrúa se le aprecia con voz tambaleante: “Realmente preocupados. Con alcohol por fuera y tratando de… también por dentro”.

Esto ha motivado una denuncia penal contra Rodríguez Vélez. Julio César Flores Camargo interpuso el recurso legal en la Fiscalía de la Nación, incluyendo a Thompson y a Máspoli en el presunto delito de cohecho activo transnacional, especificado en el Código Penal.

El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de organismo internacional público donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona”, reza el artículo 397 de la norma.

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