«OEA no puede encubrir delitos acreditados»
Sería muy penoso y hablaría muy mal del organismo hemisférico si usa la Carta Democrática para encubrir a Castillo, apunta Franscico Tudela.
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Por Plinio Esquinarila
La solicitud del Gobierno peruano para que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, implemente mecanismos de intervención política en el Perú, supuestamente de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, ha causado repulsa en el país, más si se arguye que el presidente Pedro Castillo sería víctima de un eventual golpe de Estado por parte del Poder Legislativo y el Ministerio Público.
El pedido de intromisión del organismo hemisférico, que incluiría visitas de observación in situ, había sido presentado por el canciller César Landa Arroyo el 12 de octubre último, solicitando la aplicación de los artículos 17 y 18 de la citada carta para preservar la “institucionalidad democrática” y evitar un golpe de Estado.
“El gobierno del Perú ha decidido activar este mecanismo de garantía colectiva para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder”, señala el escrito.
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Esto porque “en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones, por parte del Poder Legislativo, del Ministerio Público y de otros órganos constitucionales en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y las normas que regulan la separación de poderes”.
Una lectura que para el oficialismo ha “configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú, promoviendo las modalidades de golpe de Estado…”, dice este documento que ha permanecido oculto desde ese día en Cancillería.
El mismo 12 de octubre, recuérdese, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la denuncia constitucional contra el primer mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
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