Odebrecht: nueva ley hará que corrupta empresa brasileña pague | Facilitará cobro de reparaciones civiles
Dos comisiones aprobarían proyecto para embargar propiedades conseguidas por constructora, ahora rebautizada como OEC.
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Mientras los mismos sectores políticos y mediáticos que apoyaron a Odebrecht lo ocultaban, el Congreso de la República venía tramitando una propuesta que permitirá al Estado peruano embargar los peajes de Rutas de Lima, así como activos de otras empresas que robaron miles de millones de dólares al país.
Esto cobra más relevancia, luego de que el Poder Judicial anulara los beneficios del acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata. La procuradora Silvana Carrión ha dicho que no le puede incautar nada a la constructora porque la Ley 30737 se lo impide.
La eventual solución es el proyecto 6476, presentado por Wilson Soto (Acción Popular) y que se ventila en las comisiones de Justicia y de Economía. Este modificaría la norma promulgada por Pedro Pablo Kuczynski y Marisol Pérez Tello, presidente y ministra de Justicia, respectivamente, en el 2017.
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“Modificar el literal c) del numeral 1.1 del artículo 1, y el artículo 2, e incorporar el artículo 8-A en la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos”, señala el documento.
Ahora se especifica que esto se aplica si una empresa como Odebrecht (rebautizada comercialmente como OEC y Novonor) o Graña y Montero, directamente o a través de sus representantes, admite o reconoce la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o crímenes conexos.
“Aun cuando la investigación fiscal y/o el proceso judicial no hubiera concluido y/o se encuentra en trámite”, se agrega.
Si bien las empresas constructoras que ganaron miles de millones de dólares ilegalmente vinieron firmando acuerdos de colaboración eficaz, y obteniendo impunidad para sus ejecutivos (ningún extranjero recibió condena a prisión, y los peruanos siguen en libertad), esto no sería obstáculo para que asuman sus responsabilidades económicas.
Como dijera Rafael Vela en su momento, si bien ningún criminal brasileño de Odebrecht fue a una celda, sí han admitido delitos, y cumplen sentencias condenatorias, Esto los habría pasibles a ellos y a la empresa de ser embargados en el Perú.
La vigente Ley 30737 era el argumento o pretexto de la procuradora Carrión para no solicitar al Poder Judicial el embargo de peajes de Rutas de Lima y de Lima Expresa. Como está comprobado, Jorge Barata gestionó que Odebrecht le pague millones de dólares a Susana Villarán, cuando esta era alcaldesa de Lima, y ya le había otorgado la concesión por décadas.
En el caso de Lima Expresa, OAS también financió a la izquierdista, después de que esta les amplió el contrato diez años más, incluso con argumentos antitécnicos para el cálculo de tarifas, que ya merecieron una condena firme a un exfuncionario de confianza, Domingo Arzubialde.
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