OEA debe escuchar a la fiscal Patricia Benavides
Tudela afirma que Castillo debe responder por carpetas fiscales porque es falso lo del “golpe de Estado”. Álvarez Miranda advierte que la misión es parcializada a favor del Gobierno.

Por Harold Salinas/Wilber Torres
A cuatro días de la llegada de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) a nuestro país, el exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Tudela, calificó como limitado el trabajo de este organismo hemisférico. En su análisis, en nuestro país no existe un desequilibrio de poderes y los problemas que actualmente vive el Perú son producto del comportamiento reprobable del presidente Pedro Castillo, debido a los presuntos actos de corrupción por el cual se le investiga en el Ministerio Público.
“Evidentemente la OEA es una misión de alcance limitado, que alcanza solamente al Ejecutivo y al Congreso. El informe va a versar sobre si hay una crisis política en el Perú, y, evidentemente, más que ese tipo de crisis, desde mi punto de vista, lo que hay es una serie de inconductas del Ejecutivo de carácter penal que son objeto de las denuncias. Eso no es una crisis política, esas son inconductas del Ejecutivo”, dijo Tudela a EXPRESO.
Para el excanciller, el Congreso no podría precisar detalles en nombre de la Fiscalía de la Nación sobre la denuncia constitucional por organización criminal a Castillo y su entorno. Sugirió que la OEA no omita entrevistarse con la fiscal de la Nación Patricia Benavides y su equipo de trabajo.
“La investigación respecto a los ministros implicados en actos de corrupción, al personal administrativo de Palacio, a los familiares, Dinámicos del Centro; toda está red son objeto de las investigaciones del Ministerio Público. Lo que tiene el Congreso es el texto de la acusación con los fundamentos, pero si la OEA quisiera más detalles tendría que hablar con la Fiscalía”, exhortó.
Por su parte, Javier González Olaechea, doctor en Ciencia Política e internacionalista, afirma que la OEA está en la obligación de sentarse a conversar con los representantes de los medios de comunicación, básicamente en relación con los ataques recibidos por el régimen de Castillo.
“Otra cosa es escuchar de forma directa a los medios de prensa respecto a todas las omisiones del Presidente a declarar, todos los agravios a la prensa, las permanentes coacciones a los medios y a libre ejercicio de la información. Esto no puede ser desconocido por la misión porque pondría en tela de juicio su parcialidad”, dijo González a EXPRESO.
El especialista advirtió que Castillo estaría violando las leyes de la Carta Democrática Interamericana, al solicitar una misión de la OEA argumentando peligro de un golpe de Estado en el Perú.
Advirtió que en las conclusiones del informe que elaborará la OEA, el presidente Castillo sería responsable de todo este problema político, por no saber manejar los problemas de gobierno.
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“El propio presidente de la República al remitir la carta al presidente del Consejo Permanente de la OEA y solicitar una misión, argumentando la inminencia de un proceso de golpe de Estado, viola los artículos 4, 5, 7 y 9 de la Carta Democrática que se refiere a la transparencia y la gestión pública”, aclaró.
“De manera que el Presidente, por desconocimiento e ignorancia, ha solicitado una misión. Si realmente se conduce esta misión, es sustentada en lo que dice la Carta Democrática, va a poder concluir si es veraz y objetiva, que no hay un proceso de golpe de Estado en camino, y que es en gran parte responsabilidad del Poder Ejecutivo de no gestionar los asuntos públicos y a conducir la democracia representativa conforme a la Carta Democrática”, concluyó.
MISIÓN PARCIALIZADA
Otra es la opinión del expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, quien advierte que la Misión Permanente de la OEA vendría al Perú con una postura ya definida y parcializada a favor del gobierno de Pedro Castillo e instó al Congreso de la República a estar preparado ante esta situación.
’’Hay que tener en cuenta que la misión (de la OEA) ya viene preparada, posiblemente hasta con un texto en borrador, lo que significa que el Congreso ya debería haber preparado a varias agrupaciones de la sociedad civil para que se presenten ante la misión y sostengan posiciones similares o acoten temas importantes para los comisionados’’, sostuvo.
Álvarez también alertó sobre la posibilidad de que, desde Cancillería, se haya infiltrado a organizaciones u ONG de la izquierda y vinculadas al Ejecutivo con el objetivo de generar una percepción sesgada sobre lo que sucede en el país. Para el abogado, la Mesa Directiva del Parlamento deberá mostrar autoridad y habilidad ante esta eventual situación.
‘’Va a ser difícil porque la Cancillería seguramente va, o ya ha infiltrado, este calendario de sociedad civil con ONG vinculadas a la extrema izquierda, pero ahí está la habilidad de la mesa directiva del Congreso de hacer presión y propiciar que, por lo menos, un par de asociaciones puedan integrarse’’, indicó.
REFORMA POLÍTICA
Ernesto Álvarez manifestó que una reforma política no es posible en el contexto actual que vive el país, vale decir de confrontación y polarización. Para el expresidente del TC, antes deben realizarse nuevas elecciones generales.
‘’En este momento no se puede hacer reformas constitucionales ni reformas políticas de fondo porque el país está en medio de una gran confrontación y polarización. Yo creo que es necesario nuevas elecciones generales, pero como fruto de la salida del presidente de la República y de este gobierno, que es un gobierno de cabo a rabo comprometido, con mucha gravedad, con hechos delictuosos’’, concluyó.
ANTECEDENTES
Es obvio que el problema de la crisis peruana no tenía como tema central la necesidad de un diálogo político, sino que la decisión de recurrir a la OEA se precipita en mismo día (11/10/2022) en que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo Terrones y su entorno amical y familiar.
¿Qué había anunciado en ese entonces la fiscal Benavides a la representación nacional después de tres meses de investigaciones?
“Luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, sostuvo.
“Por estas razones, en cumplimiento de mis atribuciones constitucionales, hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”, refirió.
A tenor de las investigaciones, la organización estaría integrada por los exministros de Transportes, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, así como por el ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, entre otros.
El problema, como se puede leer, nada tenía que ver con un golpe de Estado que el Congreso y el Ministerio Público vendrían armando contra el mandatario ni tampoco estaba en “riesgo” el “desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder”, como para invocar a la OEA la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana.
Dicho de otra forma, el tema invocado por la Fiscalía de la Nación era de naturaleza estrictamente penal que resumía siete carpetas fiscales y el Congreso de la República ejercía sus funciones de control político y fiscalización en otros tantos casos en sus diferentes grupos de trabajo, en especial de Fiscalización.
Sin embargo se mintió con el tema del “golpe de Estado” y la interrupción del sistema democrático, tal como está en el escrito presentado por el canciller César Landa solicitando la intervención de la OEA y, según fuentes creíbles, diseñadas por el embajador del Perú en dicho organismo internacional, Harold Forsyth.
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