Pablo Sánchez: sindican a ex fiscal de la Nación como cabecilla de mafia | Manipulación de casos en complicidad con medios y políticos

Tomas Aladino Gálvez enrostra a criticado letrado y lo acusa, junto a Vizcarra y Zoraida Ávalos, de llevar a la crisis al Ministerio Público.


El verdadero responsable de la debacle institucional y moral del Ministerio Público es el actual fiscal supremo y varias veces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, según opina el también ex fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez.

Enterado de las informaciones publicadas en EXPRESO, sobre acuerdos del referido personaje con el principal grupo mediático del país, El Comercio, para apoyar a los fiscales del grupo Lava jato –Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez– y a la misma empresa brasileña Odebrecht, a cambio de información privilegiada, el letrado dijo que eso confirmaba que estamos ante hechos delictivos.

“Esa es la verdadera organización criminal, junto esa prensa cuya conducta ya se rebelaba, pero que ahora, [con las declaraciones del asesor Jaime Villanueva], se ratifica lo que ya se evidenciaba desde hace años”, sostuvo.

Son ellos los que han “capturado, con un grupo de ONGs, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sobre todo para el direccionamiento de casos de su agenda política”, señaló el jurista.

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Y lo han hecho a favor de intereses como los de la constructora Odebrecht, “tanto que le han permitido retirar del país más de 30 mil millones de soles”, recordó quien fuera separado injustamente del Ministerio Público por la JNJ, pero ahora un recurso amparo le ha dado la razón en la Judicatura, y su retorno a la Fiscalía podría ser un hecho.

“Chela [Graciela Villasís] me ha comentado varias veces que ella se reunía mucho con Pablo Sánchez, especialmente en la época de Lava Jato, como tenían información, la filtración en tiempo real, a cambio había una defensa del diario El Comercio a los fiscales Vela, Pérez y también a [Pablo] Sánchez”, refiere Jaime Villanueva en uno de los tantos pasajes de esta naturaleza en su testimonial de fecha 28 de febrero de 2024.

En la víspera este diario dio cuenta del contenido sustancial de la capeta fiscal N° 32-2024, seguida contra la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, pero que ahora incorpora en primer lugar a Pablo Sánchez Velarde como presunto autor de delitos contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado y en cohecho activo específico.

Aparte del manejo mediático dirigido en persona por Pablo Sánchez, junto con Jaime Villanueva y periodistas de su entorno, como Mónica Vecco y Graciela Villasís, lo que más ha llamado la atención del fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, es la forma como es que este grupo maquinó para defenestrar –con apoyo de Carlos Talavera Elguera del ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)– al entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, entre 2014 y 2015.

Hay además otras indagaciones al margen de las luchas internas y del caso Lava Jato; por ejemplo, el presunto intercambio de favores entre Sánchez Velarde y Patricia Benavides cuando esta última se hizo de la Fiscalía de la Nación.

Esto supuestamente para archivar tanto el caso “Chissac” y del hijo del fiscal supremo (Diego Sánchez Navarro), a quien recomendó que ingresara a trabajar al Jurado Nacional de Elecciones, cuanto de la hermana de Benavides (Enma Benavides Vargas) cuyo expediente estaba en manos de la fiscal Bersabeth Revilla, sacada del caso para entregarlo al fiscal Marco Huamán Muñoz para las supuestas prescripciones.

Asimismo, la citada carpeta fiscal 32-2024 da cuenta que estos y otros hechos o denuncias se deben adecuar, precisar y aclarar el marco de la imputación fáctica y la imputación específica contra Sánchez Velarde y otros para la continuidad de las investigaciones.

Es así porque los presuntos ilícitos más saltantes que nacen de las declaraciones de Jaime Villanueva Barreto, testigo para unos y candidato a colaborador eficaz para otros, han sido descritos efectivamente solo en el marco de la imputación fáctica contra los investigados.

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