Para Marcos Ibazeta, representante de la Defensoría del Pueblo, urge reforma del sistema judicial
Propone iniciar cambios a partir del Ministerio Público con una nueva ley orgánica que respete el equilibrio de poderes.
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El doctor Marcos Ibazeta Marino, representante de la Defensoría del Pueblo en temas de corrupción y expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, fue enfático en señalar lo que se tendría que hacer con la reforma del sistema judicial peruano.
Doctor Ibazeta, ¿qué podemos hacer con la reforma del sistema judicial peruano?
Ese tema es bastante complejo, pero podemos ir por partes.
¿Por dónde podemos empezar?
La Junta Nacional de Justicia se creó como heredera del Consejo Nacional de la Magistratura, que viene desde la época de Velasco y se constitucionalizó después, justamente para sustraer la designación y el posible control político del aparato de justicia, es decir del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio Público por parte del Ejecutivo y del Congreso. La evolución fue primero que el Consejo Nacional y otras entidades proponían ternas y nombraban al presidente. Designado el presidente, al más alto nivel de poder, pero a los supremos tenían que ratificarlos el Senado cuando había bicameralidad.
¿Pero qué pasó entonces?
La experiencia nos demostró que en el segundo gobierno de Fernando Belaunde y en el primero de Alan García, la población les dio a estos partidos la mayoría absoluta en el Congreso. De modo que quienes controlaban el PJ y el MP eran Acción Popular o el APRA, con algunas excepciones que se dan en todos los casos. Y era humillante en algún momento ver a los candidatos a supremos suplicando votos en el Congreso. Los hacían esperar en las antesalas y eso a los que éramos jueces nos resultaba chocante hasta no más.
¿Y qué hicieron?
Nosotros pedimos que la Corte Suprema asumiera una posición porque los que nos dedicábamos a investigar la historia del PJ, las causas y las alternativas del sometimiento, ya habíamos llegado a establecer que este no era impuesto desde afuera, sino que al interior del Poder Judicial y, evidentemente, al interior del Ministerio Público había un conflicto de poderes o aspiraciones de poder en las cúpulas y que se proyectaba hacia las bases de las respectivas entidades.
¿Cuál fue el siguiente paso?
Le solicitamos a la Corte Suprema que asumiera con energía su independencia, pero sin negociar apoyos políticos para obtener alguna hegemonía por uno o dos grupos porque había varios dentro de la Suprema y seguramente en el Ministerio Público también. Pero eso no se superó. Este impasse nos llevó a realizar una huelga en 1995 en la Corte Superior de Lima. La conclusión fue que el sometimiento del sistema surgía del interior mismo del PJ por una vocación de entrega a cambio de respaldos para tener hegemonía.
¿Entonces el remedio fue peor que la enfermedad?
Sí, porque ahí se negociaba la presidencia de la Corte Suprema, las designaciones por acá y por allá. Y entonces cuando se crea el Consejo Nacional de la Magistratura con la Constitución del 93 se le da más poder. Inclusive, por eso es que tienen poder en el Reniec, en el JNE y en la ONPE, porque justamente se quería despolitizar, pero surgió otro tema de la evaluación que se hizo a nivel continental porque la reforma de los poderes judiciales no fue una idea propia, sino que era impulsada por las Naciones Unidas, en virtud de la política de globalización comercial.
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