Policía desaloja a 200 personas de San Marcos tras robo de equipos
En la víspera habían asaltado a vigilantes, e incumplido acuerdo para salir el jueves. Hay tres detenidos por presunto delito de terrorismo.
Una denuncia presentada por el apoderado judicial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ante la Comisaría Unidad Vecinal 3 y la Fiscalía Penal de Turno, en la que se señala que vándalos golpearon y robaron chalecos y equipos electrónicos a vigilantes de esa casa de estudios, originó que la Policía Nacional del Perú (PNP) desalojara ayer a unas 200 personas que permanecían al interior del campus universitario.
Con tanques blindados y bombas lacrimógenas, amparados en el estado de emergencia, un fuerte contingente policial se desplazó hasta la puerta 3 de San Marcos e ingresaron para detener a quienes ilegalmente y de manera violenta ocuparon las instalaciones del campus universitario y marcharon en la llamada ‘Toma de Lima’ en contra del gobierno de Dina Boluarte.
Diversos vídeos del operativo en la universidad muestran a personas tendidas boca abajo, con las manos en la espalda, así como a los agentes del orden revisando sus pertenencias. Tras tomar el control de la casa de estudios, los intervenidos fueron llevados a la Dirincri y Dircote para las diligencias correspondientes.
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La Fiscalía, de acuerdo a la versión policial, informó que entre los intervenidos se detuvo a tres personas presuntamente vinculadas al terrorismo. Hasta el momento no se ha revelado sus identidades, pero se quedarían detenidos por 15 días.
El Ministerio del Interior confirmó, mediante un comunicado, que la intervención a las instalaciones de la Decana de América obedece a una denuncia hecha por el apoderado judicial de la universidad, indicando que un grupo de 300 personas aproximadamente ingresó ilegalmente y de manera violenta a la casa de estudios.
Fiscalía interviene
Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de Prevención del Delito del Ministerio Público, indicó que se ha dispuesto que 20 fiscales se acerquen a las dependencias policiales, además de ocho médicos legistas para que realicen los exámenes médicos a fin de determinar que los intervenidos «no presenten ningún tipo de afectación».
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