Protestas contra Dina Boluarte y Congreso: vándalos en Lima se pelean por dinero

Por César Rojas

Se reveló que el dinero que muchos peruanos bienintencionados habían donado para marchas contra el gobierno de Dina Boluarte, no era usado solamente para movilizar manifestantes, sino también para que «coordinadores» o dirigentes se llenen sus bolsillos. Además, una de las promotoras del cierre del Congreso escondía armas y municiones en su casa.

En un video, se aprecia no solo que cada manifestante llegado a Lima esperaba cobrar por pasajes y estadía, sino que no les pagaban por varios de estos conceptos. «Acá quienes han fallado son los comisionados. Simplemente nos han mandado a pasear. Nos han pagado simplemente el bus de ida y vuelta», denuncia una dama.

«Prácticamente, se han burlado de nosotros. Ni para cada uno de los integrantes que hemos estado acá luchando cuerpo a cuerpo sin protección. Pero no, no vengamos a pintar pajaritos. La realidad es otra, hermanos (…) En su debido momento vamos a hacer el descargo, quiénes están integrando y quiénes han hecho lo que han querido (…), hemos destapado toda esta mafia», acota.

EXPRESO conversó con comerciantes de Puno que pidieron guardar sus identidades en reserva, quienes reclamaron que ellos juntaron miles de soles para que sus paisanos vayan a la capital sin pasar necesidades. Al ver a varios pernoctar en las universidades de San Marcos y de Ingeniería, así como en parques públicos, se manifiestan decepcionados.

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«Nosotros tenemos plata para financiar a nuestros hermanos que vayan a Lima, y ha habido plata para que todos tengan un sitio decente dónde estar. Hay gente como Jesús Betancur, Mariluz Chahuara y otros más que iban a distribuir la plata, y ahora les dicen a ellos que no hay, que ya se acabó. Esto no se va a quedar así», expresaron.

Entretanto, la Policía de Cañete allanó la casa de la excandidata municipal Carmela Yactayo Lévano, quien viene promoviendo el cierre del Parlamento desde que este poder del Estado vacara al golpista Pedro Castillo. Allí se encontraron armas y municiones (balas), tras lo cual se capturó a un varón que supuestamente «las cuidaba».

Azuzadora prófuga

«Tomo la decisión de luchar con mis demás hermanos y hermanas peruanos para que se vayan todos», había escrito la política en sus redes sociales el 9 de diciembre.

Al cierre de esta nota, Yactayo permanecía prófuga de la justicia. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria había ordenado su detención por la presunta comisión de homicidio calificado, estafa agravada, lavado de activos y banda criminal. Sus cómplices serían Glicerio Palomino Gálvez, Moisés Yupanqui Ávalos y Paulina Ávila Vicente.

Otro personaje que financiaría en forma sospechosa las marchas que luego se convierten en vandalismo es Jémile Domínguez Cubas. Ella es hija de la actual burgomaestre de Chiclayo, Janet Cubas, perteneciente a Juntos por el Perú, partido que preside Roberto Sánchez, exministro de Castillo investigado por atentar contra la democracia.

Justamente, Cubas se reunió hace unos días con Duberlí Rodríguez, abogado del expremier Aníbal Torres, quien anunciaba que «correrá mucha sangre» si se vacaba al ahora exmandatario. El extitular de la PCM alegó estar enfermo para evitar la prisión preventiva, aunque luego se le vio lleno de energías acudiendo a una sesión de varias horas en el Congreso, para a su salida insultar a los periodistas presentes.

EXPRESO llamó al teléfono celular de Rodríguez para consultarle su «coincidente» ágape con la madre de una de las promotoras de marchas, pero no nos contestó.

Toda esta coyuntura viene reflejando un debilitamiento de las protestas; aunque son pocas personas, los supuestos infiltrados causan violencia. Un video del centro de Lima mostró cómo decenas de vándalos con los rostros ocultos lanzaban piedras, palos y patadas a policías que les impedían acercarse al Palacio Legislativo.

Abogado de Torres

Al ver que eran filmados, los delincuentes optaron por retirarse, pero en otras regiones la misma población los viene rechazando. Luego de lo ocurrido en el Callao –donde trabajadores porteños los sacaron de las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez-, en Huancayo, Cajamarca y Cusco crecieron las acciones contra el extremismo que se había propuesto «tomar Lima».

«¡Fuera comunistas!» fue el grito multitudinario en Wanchaq, donde la gran mayoría de vecinos decidió salir a las calles para expulsar a los manifestantes. Algunos de estos últimos intentaron agredirlos, pero eran tan pocos que inmediatamente fueron reducidos.

Respecto al primer puerto, la barra del Sport Boys emitió un comunicado señalando que no tienen posición política ni participarán en marchas, pero que no permitirán que gente llegada de otras regiones vuelva a intentar perjudicarlos.

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«Habiendo recibido la preocupación de nuestros vecinos, no permitiremos que las viviendas, centros de trabajo, se vean afectados por ningún motivo y vamos a salvaguardar la integridad física y laboral de todos los chalacos», enfatizaron.

De otro modo, pero con la misma posición por la paz, la Fundación Juana López (víctimas del terrorismo) anunció una colecta solidaria para comprarle las micas de repuesto a los cascos de la PNP. Esta es una acción paralela a la realizada por el colectivo Integridad y el Instituto de Promoción y Protección de los DDHH, quienes también apoyan a las fuerzas del orden.

En Morococha, pocos pero enérgicos violentistas causaron otra lamentable pérdida. Una pasajera se desmayó luego de estar varias horas varada por el bloqueo, y tanto la Policía Nacional como los mismos protestantes despejaron la zona para que la atiendan. Hasta la noche, la ciudadana se debatía entre la vida y la muerte.

Se impone la paz

Donde se consiguió acabar con el problema fue en la carretera de acceso a la represa Tablachaca, en la región Huancavelica. Más de 700 manifestantes que llevaban diez horas impidiendo el paso de los vehículos, se retiraron, confirmó el jefe de la Oficina Defensorial de Huancavelica, Roly Bazán Zelada.

Comuneros de los distritos de Cosme, Anco, Acoria, Pampas y Tayacaja habían llegado hasta el frontis del Complejo Hidroeléctrico del Mantaro. Antes de irse, amenazaron con volver hoy.

Volviendo al tema de los financistas, el jefe de la División de Investigación Criminal de La Libertad, Javier Méndez, informó que treinta personas están comprendidas en pesquisas por hechos ocurridos en el distrito de Chao, provincia de Virú.

«Esta cantidad de personas representa a los identificados, de momento, entre presuntos autores materiales e intelectuales, quienes han tenido una participación activa y van a ser investigados, algunos de ellos, por un concurso de delitos; es decir, una acumulación de hechos sancionados en el Código Penal», explicó.

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