Puno agoniza, pero responde a violentistas

Trabajadores y comerciantes de Juliaca y de la mina San Rafael se levantan contra sediciosos que quieren otra marcha en Lima.


Puno está entrando en fase terminal si de economía y de condiciones de vida se trata. La primera consecuencia de la ola de violencia que la azota es que se ha convertido en la región más afectada por el alza de precios de los productos de primera necesidad que perjudica a los más pobres.

Mientras en Piura y Cajamarca la inflación se ha elevado en 8.1 y 8.2%, respectivamente, y en Lima Metropolitana está en 8.7%, en cambio en Puno ha trepado a su punto más alto de todo el país, 11.8%, seguido de cerca por Cusco (10.8%) y luego Moquegua, Ayacucho, Tacna y Arequipa.

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), considera que esta situación de huelgas y bloqueos no puede continuar, por lo que el Gobierno tiene que revertirla o “los mismos ciudadanos deben ponerse fuertes para ver cómo se liberan de esta plaga”. Eso es lo que dijo dicho ejecutivo el lunes de la semana pasada en RPP Noticias.

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Ese tipo de reacción ciudadana ya se está generalizando en todas las zonas aún afectadas por la violencia y el terrorismo, como veremos en este informe. La reacción en la ciudad de Juliaca de este viernes ha sido más que significativa.

Esto a pesar de que informes policiales de la zona han advertido este fin de semana que dirigentes de los distritos de Pomata, Yunguyo y Zepita y otros de la zona sur del altiplano “luego de sostener una reunión encabezada por Édgar Chura Mamani (…) acordaron realizar la segunda toma de Lima para el 1 de marzo de 2023”.

Pero esta medida no parece ser aislada. Y es que a pesar de que cada día sus métodos violentistas son más repudiados por la mayoría de peruanos, otros organizadores de marchas contra el Gobierno pretenden retomarlas este miércoles. Pareciera una competencia.

Por Plinio Esquinarila y César Rojas

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