Rafael López Aliaga se enfrenta a Odebrecht por los peajes
Se viene la gran batalla de Lima contra la transnacional del delito por el tema de los peajes abusivos que cobra su actual consorcio.
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Por Plinio Esquinarila/Harold Salinas
«Por razones de interés público debidamente fundadas» es que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) acordó, por mayoría absoluta, este jueves, la terminación anticipada del contrato de peajes suscrito con el Consorcio Rutas de Lima, en el que participa la constructora brasileña Odebrecht, cuyos ejecutivos han sido sentenciados por corrupción en varios países.
«Estamos siguiendo lo que dice el contrato, el contrato determina que cuando hay una violación del interés público, la Municipalidad de Lima tiene el derecho de declarar la terminación anticipada pagando las inversiones realizadas», declaró el alcalde Rafael López Aliaga.
Si esta concesión factura en este momento 100 millones de dólares al año, ¿y cuál es la inversión realizada en total por este grupo? Es, es según su versión, 250 millones aproximadamente por los últimos 9 años. Es lo que se tendría que pagar, sostuvo.
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La figura que para el citado burgomaestre encaja para tomar dicha medida, que no es expropiatoria, subraya, es la de caducidad por grave «afectación al interés público».
«No hay ningún problema de expropiación ni de anulación, estamos viendo por un tema que se llama caducidad», subrayó la autoridad edil de la capital.
Se afirma en medios ligados al Concejo Metropolitano, con excepción de la bancada de Podemos Perú, de los Luna Gálvez, que el alza desmedida de las tarifas de los peajes ha sido el primero de los seis argumentos en defensa de los usuarios de transporte público de la capital.
Los otros tienen que ver con deficiencias contractuales; con el servicio deficiente del concesionario, o porque los peajes disminuyen la velocidad del tránsito; por la afectación a familias que viven en alrededores del peaje de Chillón, y por la aprobación de una adenda con participación del Ministerio de Economía y Finanzas y 31 otras alteraciones ilegales que modificaron los términos del contrato en la era de la alcaldesa corrupta Susana Villarán.
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