Rafael Vela y José Pérez en problemas por ayudar a Odebrecht: Autoridad Nacional de Control los emplaza

Con el pretexto de que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht es secreto, los fiscales Rafael Vela y José Pérez no sustentaron los verdaderos motivos para anular una deuda de 568 millones de soles con la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat). Esta falta de argumentos ha motivado que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público haya iniciado acciones para saber la verdad.

Así lo indica la Resolución 241-2024-ANC-MP-CIPPD, del 18 de este mes. La fiscal adjunta suprema Patricia Rodríguez Aliaga solicita a los mediáticos funcionarios que envíen los documentos que presentaron para beneficiar a quienes supuestamente investigaban.

Además de darles cinco días útiles para cumplir este pedido, se dispone realizar “otros actos previos que resulten necesarios, siempre y cuando sean pertinentes y útiles para los fines de la presenta calificación”.

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Esta controversia se remonta a junio de 2019. En ese entonces, Vela negociaba con Odebrecht la firma y homologación del acuerdo de colaboración eficaz. En medio de esto, solicitó a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, atribuciones para evaluar las denuncias por temas tributarios a esta empresa.

Entre el 20 y el 21 de ese mes, la ahora inhabilitada cumplió con el pedido, pero ya la Sunat había presentado una denuncia penal a Jorge Barata, Raymundo Trindade Serra y Carlos Nostre, exejecutivos de la firma corrupta.
La tesis de la entidad recaudadora era que Odebrecht había ocultado ingresos, y esto había provocado que dejen de pagar impuestos. Fue entonces que José Pérez entró en acción.

Falsedad al descubierto

El 25 de septiembre de 2019, este funcionario alegó que se estaba vulnerando el acuerdo (el cual era secreto), por lo cual correspondía archivar la denuncia.

Esto no era tan cierto. En realidad, la Sunat había obtenido los indicios de evasión en el 2017. Para ese entonces ya Marcelo Odebrecht estaba preso en Brasil, y desde Estados Unidos y Suiza se había revelado el modus operandi de la empresa.

Esto figuraba en su escrito, y fue recogido por el ciudadano con código vpgc7k8o, en el documento ingresado en la Oficina de Integridad del Ministerio Público hace dos años, y recién derivado a la Autoridad de Control en el 2024.

“Volviendo a lesionar el derecho a una motivación adecuada, alegando falsamente que se utilizó información del acuerdo confidencial con Odebrecht para facilitarle el archivo de la denuncia y favorecer a Odebrecht económica y tributariamente. Mi persona colaboró con el Equipo Lava Jato hasta el año 2019”, revela el documento que ha motivado este proceso interno.

Cabe indicar que, cuando la Sunat apeló, le tocó a Rafael Vela coordinar la respuesta. Esta se dio en el mismo tenor que la posición esgrimida por Pérez. Sin embargo, aquí se detectó un error, que motivó otro reclamo.

Se presentó una acción de amparo, pero el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ni siquiera la admitiría. Esta decisión en primera instancia fue confirmada por la Primera Sala Constitucional de la capital.

El error de los jueces era que, cuando se presentó la acción constitucional (setiembre de 2021) ya estaba en vigencia el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307). Este indica que toda demanda de este tipo debe ser evaluada, lo cual no hicieron los magistrados limeños.

Así llegó septiembre de 2023, y la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ordenó que se admitiera la demanda contra Vela y Pérez. Francisco Morales, Helder Domínguez y Gustavo Gutiérrez Ticse habían puesto nuevamente en carrera el reclamo de Sunat.

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