Rutas de Lima sigue cobrando: se registran disturbios por promesa pendiente de Rafael López Aliaga
Empresa creada por Odebrecht no ha dejado de operar, pese a exigencias del alcalde metropolitano, que está en «cura de silencio». Especialistas dicen que el burgomaestre es un «mitómano».
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Lima Norte amaneció agitada, y no precisamente por la convocatoria a una nueva manifestación contra el gobierno de Dina Boluarte o el Congreso de la República. Esta vez la población se reunió para protestar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y su promesa pendiente de ponerle fin al cobro de peajes de Rutas de Lima.
Desde el kilómetro 25 de la Panamericana Norte, a la altura del puente Los Sauces (distrito de Puente Piedra), los citadinos mostraron su malestar por la inacción del burgomaestre capitalino tras no hacer efectiva la medida anunciada como parte de su campaña electoral.
Esta vez el plantón con la participación del propio alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, quien exigió un pronunciamiento de López Aliaga quien el pasado 25 de julio invocó al consorcio Rutas de Lima a “devolver” lo que él llamó “los peajes de la corrupción”. Aquella vez, el alcalde dio plazo hasta el 29 de julio a las 12 de la noche para que la empresa acatara su solicitud o en caso contrario apelaría a “un proceso totalmente legal” como parte de una estrategia de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Sin embargo, eso no se ha cumplido y el cobro de los peajes continúa ejecutándose como antes.
La protesta también contó con la participación de representantes del colectivo “Movilízate Ya”, cuyo presidente, Jesús Zambrano, había anunciado que su organización realizaría un plantón de 72 horas tras el ultimátum del alcalde de Lima a Rutas de Lima para que deje de cobrar peaje.
“Nos indicaron que por el feriado no hubo funcionarios trabajando en la Municipalidad de Lima. Nosotros estamos en vigilia permanente, estamos esperando, y la verdad nos preocupa la reacción que tiene Rutas de Lima de no entregar los peajes al acuerdo municipal de Lima Metropolitana”, indicó.
En ese sentido y ante la pasividad de RLA, el colectivo agregó lo siguiente: “De no acercarse (el alcalde de Lima), de no emitir un comunicado franco, sincero, real. (…) el jueves 3 estaríamos haciendo una posible marcha si López Aliaga no se manifiesta”.
Una década enfrentados
El conflicto entre Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima es de larga data y comenzó en 2013 durante la gestión de la entonces alcaldesa Susana Villarán, quien firmó el contrato de concesión por un plazo de 30 años con el consorcio Rutas de Lima por un compromiso de inversión de 49 millones de dólares.
Como consecuencia de ello, Villarán cumple arresto domiciliario por estar involucrada en diversos delitos, entre ellos, el pago de coimas millonarias por parte de Odebrecht para favorecerlos con obras. Después de Villarán vinieron los alcaldes Luis Castañeda Lossio y Jorge Muñoz quienes trataron de “corregir” los contratos, en ambos casos sin mayor éxito.
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Castañeda ordenó suspender la implementación del peaje Chillón sin considerar los aspectos técnicos y jurídicos; mientras que con Muñoz se llegó hasta un Tribunal Arbitral en Washington que, tras dos años de investigación, le dio la razón a Rutas de Lima y ordenó a la Municipalidad de Lima el pago de S/230 millones en favor de la empresa concesionaria.
“Lamentablemente no se nos ha dado la razón, pues el Tribunal ha ratificado que todas las medidas adoptadas, debieron seguir los procedimientos del mismo contrato y el acta del 30 de junio de 2016, en cuanto a la fecha acordada entre la MML y Rutas para que inicie el cobro de la nueva unidad de Peaje Chillón”, precisó en ese momento la Municipalidad limeña.
La transferencia
La jugada maestra con la cual Odebrecht se sacó el problema de encima se dio el 21 de junio de 2016, cuando la empresa brasileña logró vender el 57% de la operación de concesión de Rutas de Lima a la empresa canadiense Brookfield Asset Management, operación que se efectuó cuando Alonso Segura fungía de ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Ollanta Humala. Recordar que Humala y su esposa son investigados por presuntamente haber recibido aportes ilegales de Odebrecht para financiar la campaña electoral. ¿Brookfield obtuvo la autorización del MEF para comprar las acciones de Odebrecht?
Lo cierto es que el proceso ya lleva diez años sin hallar una solución que favorezca a la población peruana que se ve obligada a pagar un alto precio por un peaje que solo conduce a otra congestión vehicular algunos kilómetros más adelante. Poco o nada han hecho en este tiempo los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez (cabezas del Equipo Especial Lava Jato) para desenmarañar este y otros casos de corrupción en perjuicio del Estado peruano.
Por Martín Rodríguez
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