TC puede solucionar crisis del sistema de justicia en el Perú, señala Gerardo Eto Cruz, extribuno [ENTREVISTA]

Advierte que la propia Constitución le otorga esta salida jurídica al máximo intérprete supremo. Solo de esa manera se puede detener el accionar pernicioso de los fariseos de la democracia contemporánea.


Doctor Gerardo Eto Cruz, debido a la evidente crisis que atraviesa el sistema de justicia, ¿considera que se le debe declarar en emergencia?

Bien. En primer lugar, quiero empezar con una breve reflexión. Tenemos que desmontar la visión del Perú contemporáneo.

El siglo actual es parte de una confrontación con el renacimiento de un populismo de izquierda marxista. Este populismo está penetrando en muchos sectores del Estado.

A nivel cultural, estos sectores forman una percepción política maniquea y elemental. En este contexto, hoy tenemos un importante sector de personas con una ideología neomarxista que ha penetrado en los entresijos del sistema de justicia, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

En este contexto, hay que ubicar la crisis del sistema de justicia como un reflejo de la crisis del sistema político. Este es el primer presupuesto.

En segundo lugar, todo sistema de justicia se encuentra en el contexto de un sistema político. El sistema de justicia está conformado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la JNJ y el Tribunal Constitucional, rodeados periféricamente por otros organismos constitucionales públicos como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

En consecuencia, el centro de gravitación de la crisis política hoy se encuentra en estas instancias del sistema de justicia. Es claro que el enfrentamiento interno del Ministerio Público se expresó en las cabezas de la Fiscalía de la Nación. Ahora, este organismo ha sido “recuperado” por los fariseos de la democracia contemporánea.

La JNJ también se ha convertido en la catapulta que asedia a jueces y fiscales. Hoy la JNJ no es un noble órgano de reclutamiento y disciplina, sino un instrumento de posicionamiento político del Poder Judicial y del Ministerio Público.

En ese contexto, ¿el Congreso puede declarar en estado de emergencia el sistema de justicia, o cuál es el órgano llamado a declararlo?

Ni el Congreso por sí solo, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público. Hay un arsenal de bibliografías al respecto. Recientemente leí a Aldo Mariátegui, quien proponía, por ejemplo, que la JNJ debería ser sustituida por un órgano extranjero que actúe imparcialmente.

Eso no se descarta, pero la respuesta es siempre difícil. Lo que rescato de las democracias occidentales es que todo esto debería reconducir a la teoría de Karl Loewenstein en su célebre libro “Teoría de la Constitución”.

Él habla de los controles horizontales y verticales. Me quedo con los controles horizontales, que son controles intraórganos e interórganos.

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