TC se tumba a Inés Tello y Aldo Vásquez: organismo autónomo no cedió a presión mediática del Eficcop
Concede cautelar para que dejen de inmediato la Junta Nacional de Justicia. Ya no podrán destituir a fiscal Patricia Benavides.
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El Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar fundada en parte la medida cautelar solicitada por el Congreso de la República contra la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Ello implica suspender los efectos de la Resolución 1, de fecha 22 de marzo de 2024, emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el cuaderno cautelar del Expediente 01034-2024-69-1801-SP-DC-01, hasta que la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema resuelva el recurso de apelación interpuesto por el Parlamento.
De igual medida, el TC ha decidido restablecer la vigencia de la Resolución Legislativa 008-2023-2024-CR y de la Resolución Legislativa 009-2023-2024-CR, emitidas por el Congreso de la República, quedando sin efecto la reposición de doña Luz Inés Tello de Ñecco y de don Aldo Alejandro Vásquez Ríos en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, dispuesta por la Resolución 1, de fecha 22 de marzo de 2024, hasta que la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema resuelva el recurso de apelación interpuesto por el Congreso.
Esta resolución también declara infundada la solicitud del Parlamento en las otras demandas. EXPRESO pudo conocer que, el pasado martes, el pleno del TC analizó la solicitud del Parlamento, tras lo cual cinco de los tribunos le dieron la razón, en tanto que dos magistrados expresaron sus votos discordantes.
Momentos antes que se haga pública la resolución del TC, el magistrado César Ochoa, dijo en RPPTV que “se ha determinado declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar del Congreso de la República y suspender los efectos de la resolución 1 (...) de la sala de la Corte Superior que había repuesto a los dos miembros de la Junta [Nacional de Justicia] hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de apelación sobre esa medida cautelar, porque existe en el proceso de amparo un recurso de apelación del Congreso”, dijo.
Contra el TC
Esto sucede en medio de una campaña mediática del Equipo Especial contra la corrupción que dirige la fiscal Marita Barreto. Esta vez, la puntería son los mismos miembros del TC, presentándolos como parte de una supuesta organización criminal dirigida por Patricia Benavides.
El presunto argumento que usa ahora el Ministerio Público –como en sus recientes acciones– es el testimonio sin corroborar de un aspirante a colaborador eficaz. Con esto se gestionaron 21 allanamientos que provocaron un gran show mediático.
“Ella (Benavides) junto a Jaime Villanueva y Miguel Girao Isidro planificaron que debían plantear una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional porque tenían que aprovechar que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, es muy cercano al fiscal adjunto supremo Marco Huamán y por intermedio de él les harían el favor de declarar fundada la demanda competencial”, se afirmó.
Es decir, se arma una nueva teoría con base en dichos, para mostrar a quienes han decidido el destino de la JNJ, como personajes corruptos.
“Había enviado al fiscal Marco Huamán a reunirse con el presidente del TC, Francisco Morales Saravia, en la sede del TC que está ubicada en el Cercado de Lima para pedirle que la apoyen declarando fundada la demanda competencial, y en esa reunión el presidente del TC le dijo a Marco Huamán que tenían que presentar la demanda competencial antes del 20 de agosto de 2023, porque él se iba a ausentar por varios días y quería dejar admitida la demanda, además se comprometió a ayudar a la fiscal de la Nación”, era otra declaración sin corroborar.
Al parecer, Villanueva decidió esperar desde sus testimonios en enero, para “revelar” una componenda en el TC. Sin embargo, se ha demostrado que sus palabras no encajan con la realidad.
“Había contactado a José Antonio Chang, rector de la USMP, quien les había garantizado que él tenía la conexión con los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich, porque a través de su universidad los invitaba a congresos donde les pagaba los viajes y gollerías, con el apoyo de ellos sumado a Morales Saravia por intermedio del fiscal Marco Huamán, solo faltaba captar a la magistrada Luz Pacheco, porque Monteagudo es caviar y no lo podían captar”, era otra imputación.
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