UAP: documentos judiciales advierten que se incurrió en actos ilegales en «Megaoperativo del año»
Según indicaron penalistas consultados por EXPRESO, las autoridades que participaron en las incautaciones podrían ser acusadas por abuso de autoridad y prevaricato.
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Conforme se conocen los documentos judiciales, se empieza a descubrir que el fiscal Wilson Salazar incurrió en diversos actos ilegales en las incautaciones que realizó en el llamado “Megaoperativo del año” contra la Universidad Alas Peruanas (UAP).
El más grave de ellos es que ordenó una enorme incautación de bienes —34 locales, 69 vehículos, siete aeronaves y un simulador de vuelo—, todos ellos de propiedad de la UAP, que se vio afectada sin estar formalmente incorporada en la investigación fiscal. El fiscal Salazar despojó de sus bienes a una universidad sobre la cual no existirían argumentos para ser sometida a investigación y menos ser privada de sus bienes.
De acuerdo con la resolución de incautación a la que tuvo acceso EXPRESO, la tesis del fiscal Salazar señala que la UAP estaría implicada en el delito de lavado de activos por su “incremento patrimonial desproporcional a sus ingresos mediante la adquisición de bienes inmuebles y muebles maculados con las ganancias ilícitas producidas de su participación en los actos fraudulentos”.
Esta imputación carecería de sustento porque, de acuerdo con la carpeta fiscal, la investigación se refiere a los herederos de Fidel Ramírez y a su sobrino Joaquín Ramírez, por el desvío de fondos de la UAP realizado a favor de ellos por el fallecido Fidel Ramírez Prado, aprovechando su cargo de gerente general de la universidad.
Esto significa que los Ramírez no ingresaron dinero a la UAP sino más bien retiraron fondos de esta en beneficio de ellos, perjudicando a la casa de estudios. La medida de la Fiscalía resultaría totalmente arbitraria porque terminó incautando bienes a una institución agraviada, perjudicándola aún más al privarla de su patrimonio para operar.
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EXPRESO consultó a un representante de la UAP, quien señaló que “todos los bienes incautados indebidamente fueron adquiridos con dinero legal que proviene de los servicios educativos brindados por la universidad. Eso es indiscutible ya que los ingresos de nuestra casa de estudios a lo largo de más de 20 años ascendieron a 1,600 millones de dólares y todos esos ingresos están bancarizados. La incautación de bienes fue una medida sin sustento y totalmente arbitraria”.
Lo más grave sería que el fiscal Salazar conocía el origen lícito de los fondos porque levantó el secreto bancario de la UAP desde su creación en 1998 hasta el año 2020, y pudo constatar que el dinero con el cual se compraron los bienes incautados es dinero de fuente conocida y origen legal. No existiría lavado de activos y por esta razón la UAP no debió sufrir la incautación de sus bienes.
Al respecto, el catedrático de la Universidad San Martín de Porres y experto en derecho penal, Pablo Suárez, señala que “si los ingresos de la universidad provienen de sus servicios educativos, claramente no existiría desbalance patrimonial y por lo tanto no existen indicios de lavado de activos”.
Suárez añade que “la fiscalía de lavado de activos investiga a la organización criminal y en este caso la organización estaría fuera de la universidad, alrededor de la familia Ramírez y sus empresas para delinquir, mientras que la universidad fue la agraviada. El dinero proviene de un origen lícito que corresponde a las pensiones de los estudiantes”. No sería el caso de la familia Ramírez que viene siendo investigada por lavado de activos, producto del dinero que el extinto Fidel Ramírez, abusando de las facultades legales que tenía en la universidad, utilizó para favorecerse contratando a diversas empresas de sus familiares. La universidad no se habría beneficiado, por el contrario, sería la agraviada y no le correspondería la incautación de los bienes.
Pedido sin audiencia
Otra grave omisión de la ley cometida por el fiscal Salazar fue que no solicitó previamente al juez Zúñiga una audiencia para la incorporación formal de la UAP al proceso de investigación. El juez debió evaluar si correspondía o no la medida escuchando a ambas partes. Pero la Fiscalía omitió totalmente este trámite y solicitó directamente una incautación que afecta severamente a la UAP y a sus miles de alumnos, que fueron privados de seguir clases, así como a su plana docente y a sus trabajadores, privados también de continuar desarrollando sus trabajos.
Consultado al respecto, el experto en derecho penal Luis Lamas Puccio señaló a EXPRESO que, a la luz de lo actuado, la razón por la cual el fiscal Salazar “no habría solicitado la audiencia de incorporación formal de la UAP sería que no podía demostrar un vínculo societario con los Ramírez, ante lo cual el juez habría rechazado el pedido”.
La familia Ramírez no tiene ningún vínculo accionarial con la UAP y por ello la entidad educativa no tiene por qué ser incorporada en una investigación que corresponde a la citada familia. Sin embargo, el fiscal Salazar procedió de manera ilegal a la incautación de bienes de una entidad ajena a los hechos materia de investigación.
En esa perspectiva, Lamas Puccio confirmó que “el fiscal habría procedido con una medida irregular” a pesar de que se lo advirtieron, y al haber continuado con sus acciones “esto afectaría el debido proceso” causando un severo daño patrimonial a la universidad.
Por su parte, el experto penalista Pablo Suárez coincide en que la actuación del fiscal Salazar fue ilegal porque “los actos sin incorporación formal devienen en nulos y debería revertirlos el propio juez que autorizó la medida de incautación, o en su defecto un juez de tutela de derechos”.
El famoso Megaoperativo realizado el pasado 11 de abril tuvo la extraña participación de dos ministros de Estado en el operativo fiscal. A esta irregularidad nunca explicada de manera coherente por el Gobierno se suma ahora el descubrimiento de que el fiscal Salazar cometió gravísimos actos ilegales cuando solicitó al juez Zúñiga la incautación de los bienes que pertenecen a la Universidad Alas Peruanas y a la Escuela de Aviación Jorge Chávez, dos empresas que no pertenecen ni guardan vínculo societario alguno con el investigado Joaquín Ramírez.
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