Zoraida Ávalos ocultó información en su declaración jurada de intereses

En el reporte de evaluación de la declaración jurada de intereses presentada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, ante la Contraloría General de la República, ocultó información que por ley estaba obligada a presentar, sobre todo en lo referido a poderes o mandatos. Tampoco informó la totalidad de cargos que tuvo en su carrera judicial y alteró fechas de su paso por la Academia de la Magistratura.

Eso se desprende de la fiscalización de las declaraciones juradas de bienes, rentas y las declaraciones juradas de intereses (DJI) presentadas al máximo órgano de control el 12 de octubre de 2021, según memorándum N.° 112-2023-CG/DGDJ del 2 de marzo de 2023.

Se trata de un poder general otorgado por Carlo Josué Sheelje Sotomayor, hijo del cónyuge de Zoraida Ávalos, Jaime Scheelje Sotomayor, para darle a este todo tipo de facilidades para asuntos del manejo de bienes raíces y no raíces y, obviamente, temas judiciales. Así está definido en la Partida N.° 13728754 del Registro Natural de Personas Naturales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que fue inscrita el 13 de octubre del año 2016.

Al revisar la Contraloría dicha escritura, resulta que no obra en la misma ninguna inscripción de revocatoria del poder otorgado por lo que, si se visualiza la partida, está vigente o activa. Esta realidad material y jurídica habría llevado a los fiscalizadores a aplicar el principio de legitimación previsto en el artículo 2013 del Código Civil y sus modificatorias.

“El contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos los efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme”, señala dicho dispositivo.

MÁS INFORMACIÓN: Zoraida Ávalos dice que denuncia constitucional en su contra tiene «móvil político»

En el documento que publicamos en estas páginas se advierte que en consideración a la información obtenida, está claro que Zoraida Ávalos no consignó en su DJI los poderes otorgados a su cónyuge, que obviamente debió ser declarado de conformidad al literal b) del numeral 4.1 del artículo 4 de la ley N° 31227, y concordante con el literal b) del artículo 9 del Reglamento para implementar la Ley N° 31227.

Más si el poder fue inscrito como escritura pública el 13 de octubre de 2016 y no fue consignado en ninguna de las declaraciones juradas hasta el 2022. En su descargo la exfiscal de la Nación puede decir que declaró ese poder en su DJI precisamente el año 2022, aunque consignó como periodo el 14 de agosto del año 2020, no obstante que el poder está inscrito desde octubre de 2016 y se mantiene vigente.

Hay omisiones

De otra parte, en el rubro N.° 4, “Empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado…”, también en los últimos 5 años, no consignó dos cargos.

Primero, que fue fiscal suprema de la Fiscalía Suprema en lo Civil, de fecha 20 de diciembre de 2013, de cuya responsabilidad la Contraloría no pudo tener acceso.

Segunda, fue también fiscal suprema de la Fiscalía Suprema de Control Interno, función que realizó entre el 20 de diciembre de 2013 y el 8 de enero de 2019, de cuya designación da cuenta la Resolución de Junta de Fiscales Supremos N.° 111-2018-MP-FN-JFS del 22 de agosto de 2018 y cuyo cese en el cargo tuvo lugar por resolución N.° 005-2019-MP-FN-JFS del 9 de enero de 2019.

Es obvio que esta data no debió ser omitida de conformidad con el articulado de la ley N.° 31227 y su reglamento antes citado.

Rosario de acusaciones

Conforme pasa el tiempo, las denuncias que hiciera el procurador público especializado en delitos de corrupción (e) Javier Alonso Pacheco Palacios contra Zoraida Ávalos va tomando fuerza, más aún si la congresista Gladys Echaíz (RP) la hizo suya, sobre todo en el entramado de la investigación del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El primer hecho que resalta Pacheco Palacios es el presunto favorecimiento en su nombramiento (de Zoraida Ávalos) como fiscal de la Nación y su presunta vinculación con José Cavassa, sindicado como miembro de 'Los Cuellos Blancos'.

Otro hecho que se recuerda es que Magaly Quiroz, fiscal del caso nombrada por Zoraida Ávalos, fue cuestionada por el vínculo con la señora Maritza Sánchez, esposa de Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior del Callao, denunciado por pertenecer a 'Los Cuellos Blancos'. La fiscal Quiroz habría asesorado a Walter Ríos antes de su detención en 2018.

Y en las denuncias de la ex fiscal provincial Rocío Sánchez contra Ávalos Rivera en relación con la obstrucción de la investigación de 'Los Cuellos Blancos', se precisa que se interfirió en el ejercicio de las funciones de otros órganos del Estado, como la Policía Nacional, al solicitar al departamento de apoyo judicial de la Dirandro - Constelación que todos los registros de comunicación -o las interceptaciones telefónicas- sean remitidos a un fiscal distinto al autorizado mediante resolución judicial.

🗞 ¡Aquí la portada del Diario Expreso para este lunes 22 de mayo de 2023!

📲 Visita nuestra web: https://t.co/fjIxdl8VUm pic.twitter.com/UVMt0oK85c

— Diario Expreso (@ExpresoPeru) May 22, 2023

Lea la nota completa en nuestra versión impresa o en nuestra versión digital, AQUÍ.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.