Ángel Romero Díaz: “En tres meses debe terminar caso Arlette Contreras”
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-Doctor, se ha absuelto a Adriano Pozo, agresor de la joven Arlette Contreras. ¿Esto no deja dudas sobre la justicia en el país?

Es un tema jurisdiccional. La denuncia fiscal tiene que estar acreditada en función de lo que se está denunciando. Si es que el juez ha advertido que no existe correlación entre la denuncia y el sustento jurídico, tenía que haberlo absuelto, pero hay que recordar que esta no es una decisión final, para eso está el recurso impugnatorio.

-¿Qué se requiere para que con este recurso impugnatorio, ya presentado, se cambie la sentencia?

Para ello hay que tener en cuenta cuáles son los argumentos que van a esgrimir a nivel de la apelación. Si la sentencia ha estado desvinculada de la realidad, definitivamente debe ser anulada o en todo caso revocada, pero hay que tener en cuenta que acá está un tema crucial, lo que significa la seguridad jurídica. Para eso están los recursos impugnatorios.

La población debe tener confianza en que al determinar, en un recurso impugnatorio, las características o las consecuencias de una sentencia, hará tomar una decisión de carácter final.

-En cuanto a los plazos, ¿en cuánto tiempo se tendría una respuesta a esta impugnación?

Yo calculo que esto en unos tres meses debe estar resuelto, referido al recurso impugnatorio. Esto va al Ministerio Público, el Ministerio Público lo regresa a la sala respectiva, y yo calculo que en un par de meses, máximo tres, estará resuelto este recurso impugnatorio.

-Usted ha sido muy crítico frente a los violadores de menores de edad. ¿Está de acuerdo en que se debata la aplicación de la pena de muerte para estos casos?

Con relación a la pena de muerte, yo no estoy de acuerdo, pero en general. La Constitución establece cuáles son los únicos casos en los que se da la pena de muerte. Acá hay que tener en cuenta que el sentido de la pena es resocializar a la persona que ha delinquido; entonces, por más que se trate de un hecho execrable hay que tener en cuenta la oportunidad de que aquel que cometió el delito pueda recuperarse. Entonces, el tema de la pena de muerte, a mi criterio, no tendría espacio de discusión.

-¿Qué hacer entonces?

Lo que tendría que hacerse, en todo caso, es establecer penas más graves, como la cadena perpetua, dependiendo de las circunstancias en las que se ha cometido el delito.

-Se habla incluso en el Parlamento de salirnos de la competencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que proceda la pena capital…

Hay que precisar que nuestra legislación sobre el sistema supranacional nace de un acuerdo, un acuerdo que está garantizado por la Constitución, y esto es así, hay que respetarse, en principio, la vinculación. Si es que el Estado peruano, a través de su Poder Ejecutivo, toma una posición distinta, esto evidentemente tendrá que encausarse dentro de los mecanismos adecuados para retirarse del sistema supranacional.

-En general, ¿cómo ha visto la posición de la Corte IDH respecto al caso El Frontón y al indulto otorgado al expresidente Fujimori?

Hay que señalar que nuestra Constitución dice que estamos nosotros vinculados al sistema supranacional con sus consecuencias; las consecuencias son el acatamiento de las sentencias que emita la Corte IDH. Ese es un tema en el que no existe discusión en estos momentos, habida cuenta de nuestra estrecha relación, como mandato imperativo de la nuestra Constitución, con el sistema supranacional.

ELECCIONES EN EL CNM CON INDEPENDENCIA

-Dentro de poco se realizan las elecciones para elegir al nuevo titular del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué espera de ello?

Bueno, ese es un tema que compete internamente al Consejo Nacional de la Magistratura, con sus características de un organismo autónomo constitucionalmente hablando. Entiendo que tiene sus propios mecanismos para elegir a sus representantes y estoy seguro que sus integrantes tomarán la mejor decisión.