“El Inpe me ha dejado sola con un juicio penal”
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En 2014 el expresidente Alberto Fujimori reapareció en los noticieros al revelarse que se comunicaba con diversos medios de comunicación desde el centro penitenciario Barbadillo, en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate Vitarte. El episodio involucró a la anterior directora del penal, Katty del Águila; al director de la Región Lima, José Cabanillas Noriega, y al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Luis Pérez Guadalupe. El pasado mes de abril, Del Águila fue sentenciada a un año de prisión suspendida y otro año de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.

-Doctora Del Águila, usted dirigió el penal Barbadillo desde el 2012. ¿Cuándo empieza las llamadas del expresidente a los medios de comunicación?

Los sucesos que acontecen la inconducta del exmandatario se dan en julio de 2014, en una coyuntura en que estaba en debate el tema del indulto. El interno conocía las normas y cómo debía pedir una autorización al jefe del Inpe para dar conferencias de prensa, pero continuaba llamando fuera del horario establecido.

-¿El expresidente en qué horario podía utilizar el teléfono?

El consejo nacional penitenciario tiene la facultad de regular el uso del teléfono público, que se encontraba en el tópico del penal. Si no se hace en el horario establecido, que era de 8:45 a.m. hasta las 12:45 p.m., y luego de las 2:45 p.m. hasta las 5:45 p.m., estaría cometiendo una infracción. Eso está establecido en el artículo Nº 37 del acta que recibió el señor Fujimori y su abogado, que en ese tiempo era Paco Castillo, donde señalaba a quiénes se debe dirigir para el uso del teléfono.

-Usted decide reubicar el teléfono público, ¿verdad?

En ese momento tenía el respaldo de todas las autoridades del Inpe. Las coordinaciones se viabilizan para hacer la reubicación del teléfono público, que estaba en el tópico y se utilizaba fuera del horario establecido, mediante una evaluación conjunta motivado por el personal especializado de Barbadillo.

-¿Entonces el Instituto Nacional Penitenciario sabía?

Sí. Se pidió al director regional, José Cabanillas, para que acepte una reubicación o una reinstalación de otro teléfono porque el artículo Nº 37 indica que un equipo de comunicación debe tener un identificador de llamada, capacidad de receptor, sensores o mecanismos que el aparato no tenía. El expresidente presentó un hábeas corpus por vulnerar su derecho a la comunicación y comenzó un proceso en mi contra. El pasado abril me han culpado y me sentenciaron a un año de prisión suspendida y otro de inhabilitación.

-¿Quién tiene la culpa?

Se realizaron los informes para poner en conocimiento del director regional, José Cabanillas, para que el teléfono tenga lo dictado por el artículo Nº 37. Él debió revisarlo para que proceda. El Inpe me ha dejado sola con un juicio penal. Como directora del penal tenía el trabajo de mantener la seguridad, buena administración, pero todo era bajo la orden del director regional, quien en un momento dijo que solo era una mesa de partes. Él sabía de todas las necesidades del penal. El centro Barbadillo no tiene presupuesto, de qué manera querían que lo gestione. Desconocía de algunas medidas judiciales y fui asesorada por personal del Inpe. Ahora dicen que actué sola.

-¿Qué le diría al ex director regional Cabanillas y cuál sería su pedido a la justicia?

Me han educado con valores férreos. Nunca he violado las normas. Mi trayectoria dentro del Inpe es impecable, incluso pienso que dirigí Barbadillo porque no soy corrupta. Es injusto que me acusen. Al señor José Cabanillas le preguntaría por qué tiene una actitud tan cobarde, que acepte su error. Quisiera pedir que levanten el secreto de las comunicaciones del teléfono y de él para que vean las llamadas que hubo.

-¿Qué se revelaría con el levantamiento de las comunicaciones?

Que recibí llamadas donde me ordenaban permitir el ingreso de la empresa telefónica para que procedan al retiro del teléfono público y a su reubicación, aparte que “no obstaculizara el trabajo del sistema penitenciario”.

Juez y parte

El abogado de la doctora Del Águila, Teófilo Blanco Chicana, sostuvo que el Inpe también se ha presentado como agraviado al “vulnerarse el proceso administrativo”. “¿La institución defendió a mi patrocinada y resulta que ella los perjudicó? Hemos pedido que se rechace la sentencia de prisión suspendida e inhabilitación laboral en el Estado porque si el Inpe ha sido agraviado, cómo puede defender a Katty del Águila”, añadió.

(Juan C. Ángeles Moreno)