
Lo que viene sucediendo recientemente en esos países nos debe llevar a reflexionar y replantear lo que se viene haciendo en el Perú porque creyendo, a fardo cerrado, que el modelo chileno era lo correcto y lo perfecto, se copiaron por ejemplo las privatizaciones y las AFP como sistema previsional. Ahora vemos que dicho modelo ha colapsado y ellos están de vuelta. Esto, precedido por los sucesos con los indígenas en el Ecuador y ahora los sucesos de Bolivia y Evo Morales. En términos generales se puede decir que un modelo sin rostro nacional, laboral y sin rostro humano, no tiene cabida en los nuevos tiempos.
A inicios de los años noventa, cuando el modelo chileno era sin discusión lo apropiado para el país, y se imponía sin contratiempos por los gobernantes de entonces, los trabajadores sindicalizados resistían disminuidos a la aplanadora pro privatista y supuesta eficiencia de la privatización a la chilena. Recordemos que se vendieron muchas empresas públicas a empresarios chilenos y otros inversionistas. Todo eso sucedió cuando en efecto el Estado mostraba su ineficiencia, mientras el objetivo político se anteponía al empresarial y, consecuentemente, se manejaban las empresas como herramientas políticas.
Para empezar, los compradores de las acciones de las empresas públicas peruanas eran principalmente inversionistas chilenos. Antes las empresas eran adaptadas o desmembradas para ser vendidas. Lo mismo sucedió en otros países como Argentina: las empresas descuartizadas se llamaron Edesur y Edenor y en el Perú Edelsur y Edelnor. Las consecuencias, funestas, las viven los usuarios de la electricidad.
En cuanto a lo positivo lo dejamos para que las mismas empresas hablen de sus supuestas bondades. En cuanto a lo negativo: 1) Se encareció la tarifa para el servicio eléctrico doméstico o residencial, así como por otros conceptos, como derechos de instalación, conexión, reconexión y otros. 2) Los trabajadores fueron afectados en sus derechos fundamentales. Muchos fueron cesados con o sin incentivos, de manera abierta o encubierta. 3) En las empresas no privatizadas se realizaron ajustes o reajustes para la reducción de personal, adecuación de tarifas a los usuarios, en algunos casos ponerlo a punto para ser privatizables.
Claro, y es de resaltar el movimiento social como el “Arequipazo” de junio de 2002 que se trajo abajo un gabinete ministerial y paralizó el intento de privatizar la empresa de generación de energía eléctrica Egasa, jornadas que fueron replicadas en menor medida en el centro y oriente del país.
Porque las empresas públicas eléctricas pagaban sus tributos al Estado, las privatizadas no. Se beneficiaban por las exoneraciones tributarias. Ahora incluso sucede en grande con el caso Chaglla, es decir, la empresa de electricidad del Estado tiene que subsidiar ya no a Odebrecht sino a los compradores chinos de dicha hidroeléctrica.
El modelo chileno aún se trata de implementar. Es el caso del Decreto Supremo N° 214-2019-EF que regula la participación accionaria del sector privado en las empresas del sector público no financiero, bajo el ámbito de Fonafe, donde están las empresas eléctricas. Esa normativa literalmente señala que el nivel de participación accionaria de un inversionista o grupo económico se fija en al menos treinta por ciento (30 %) de las acciones con derecho a voto de su capital social.
Para la Federación de Luz y Fuerza es una privatización encubierta. La norma no señala topes. Si un empresario -sin pasar filtros- decide comprar más del 30 % de las acciones, lo hará para ser propietario absoluto. El Gobierno pretende vender las empresas eléctricas que son eficientes y rentables en lo social y económico-financiero, en el centro, norte, oriente y sur.
Weninger Vela Ríos es licenciado en Ciencias Administrativas y labora en la empresa eléctrica Electro Oriente que suministra energía a los departamentos de Loreto y San Martín.
Es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Electro Oriente de San Martín y a la vez secretario general de la Federación de Luz y Fuerza del Perú.
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