General EP Alonso Esquivel: «Defender militares era casi un acto kamikaze» | Entrevista
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Por: Geraldo Capillo.

¿Por qué el caso Cayara marca un precedente en el sistema de justicia?
El caso Cayara consistía en un cúmulo de denuncias sobre hechos ocurridos durante acciones de combate a la subversión en la localidad del mismo nombre en la región Ayacucho entre el 13 y 14 de mayo de 1988, en los cuales perdieron la vida un capitán del Ejército y tres soldados. Los denunciantes, ONG defensoras de derechos humanos, vincularon los hechos luctuosos con una lista de presuntas muertes de civiles, cuya historia fue reconstruida por cuestionables testigos, firmas y huellas digitales, tal como quedó demostrado en la investigación de la Fiscalía Provincial de Cangallo. El precedente no es para la justicia militar especialmente, sino para la historia de la defensa del Estado Peruano ante el sistema interamericano.

-¿Cuál fue la estrategia jurídica del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Planteamos una estrategia principista y nos propusimos un “corte de raíz” del caso. Estudiamos el curso del caso que había seguido desde setiembre de 1988 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es la etapa previa de toda demanda ante la Corte, y encontramos fallas y vicios procesales que atentaban contra el derecho a la defensa y el cumplimiento de plazos y términos, entre otros puntos. Lo que hicimos luego de un estudio jurídico fue plantear doce excepciones preliminares porque el caso era inconducente por razones procesales. Al final, las propias normas de funcionamiento del Sistema Interamericano nos dieron la razón.

-¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaron durante el proceso?
La primera dificultad fue la animadversión en el ámbito político y mediático, que fue creada y aún pretende sostenerse contra los militares, policías y autoridades que combatieron al terrorismo y lograron liquidarlo. Defenderlos era casi un acto kamikaze. Luego las fallas de la comisión que se convirtieron en trabas, por ejemplo, el no remitir los documentos procesales sobre pruebas que se esgrimían contra los militares peruanos, lo cual constituyó una privación del derecho de defensa al Estado peruano. También el tener que enfrentar a una terna de jueces que lamentablemente había evidenciado cierta inclinación, demostrada ya en otros casos. En lo personal no teníamos un equipo muy grande de abogados y no fue fácil asumir esta defensa, porque tampoco había jurisprudencia a la cual acogerse.

-¿Qué ocurrió el 24 de junio de 1992?
Primero consideremos el hecho de que con el caso Cayara la Comisión IDH pretendía abrir otro proceso demoledor contra el Perú. Ese día, el 24 de junio de 1992, se llevó a cabo la audiencia pública en la sede de la Corte (San José, Costa Rica) para resolver sobre las excepciones preliminares presentadas por el Perú y las observaciones que sobre estas había presentado la Comisión. Fue una jornada decisiva en la cual confrontamos posiciones sobre las razones de principio y de legitimidad procesal de este caso. La sentencia ocurrió en febrero de 1993.

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