Silvana Carrión: “Información que tiene Germán Juárez está corroborada con documentos”
A+

*Esta entrevista se realizó en la víspera, antes de hacerse pública la renuncia del procurador anticorrupción Amado Enco.

Existe una disputa en el Ministerio Público (MP) sobre si Germán Juárez del equipo Lava Jato o el fiscal anticorrupción Elmer Chirre debe llevar el caso Obrainsa e ICCGSA. ¿Cuál es su opinión?

El fiscal que tiene conocimiento mayor en el proceso de colaboración que ha surgido del caso Club de la Construcción es el fiscal Germán Juárez. Lo más recomendable es que sea el mismo fiscal, porque tiene toda la información y puede tener unidad de criterio.

Hay quienes refieren que Juárez solo tiene los dichos de colaboradores que sindican a Martín Vizcarra…

La información que surge de estos dos proyectos, con ICCGSA-Incot (Hospital de Moquegua) y Obrainsa-Astaldi (Lomas de Ilo), parte de lo dicho por los colaboradores eficaces al fiscal Juárez en el caso Club de la Construcción. Esa información está corroborada con documentos y más aún ha sido sometida al Poder Judicial para su evaluación.

Ha causado conmoción porque es información nueva que está corroborada y ha servido para que el fiscal abra esta investigación.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, apoya que el caso se quede con Chirre pero el coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, defiende que se mantenga en el grupo que él dirige. ¿Estaría pasando por encima de la autoridad?

El MP tiene sus canales institucionales para resolver esta controversia. El equipo Lava Jato investiga el caso Club y hechos derivados. Por ejemplo, en este caso surgió un extremo referido a Carlos Paredes, ministro de Transportes en la gestión de Ollanta Humala. Se le abrió investigación por lavado de activos y no está vinculada a ninguna empresa brasileña sino al caso Club. Y el equipo especial lo lleva, es decir, es competente para eso. Probablemente la fiscal Ávalos ha dicho, en un primer momento, que no le amplió competencias.

Es una decisión administrativa porque hay Fiscalías Anticorrupción y del Equipo Especial como subsistemas, pero ambos son competentes. El equipo Lava Jato ha sido competente para conocer hechos derivados que surgen de las investigaciones, porque ya ha sucedido antes. No he tenido conocimiento si alguna fiscalía ha planteado contienda de competencia.

¿El Presidente tiene otros casos ligados a supuestos pagos de coimas por parte de empresas brasileñas?

No hay esa información en la Procuraduría ad hoc. Aún no hemos sido convocados en el proceso de colaboración que tiene a su cargo el fiscal Juárez, porque están en etapa de corroboración. Se ha corroborado una parte y están avanzado en la corroboración del resto de la información.

Usted defiende los fueros del grupo Lava Jato y del procurador anticorrupción Amado Enco a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Surgió un inconveniente interno entre las dos defensas del Estado?

Más que defender los fueros del equipo Lava Jato, lo que planteamos es que la Fiscalía que tiene a cargo el caso Club, los procesos de colaboración y las investigaciones que se derivan de estos, es la que debe seguir. Si esto habría sucedido en el subsistema del coordinador Omar Tello con el fiscal Chirre, diríamos exactamente lo mismo, que debería ser el fiscal Chirre. Si quien lleva el caso desde hace dos años investigándolo y ha recibido el proceso de colaboración y ha recibido toda la información es el doctor Juárez, consideramos que es el que está en mejor posición [de llevar el caso].

Usted recibió el respaldo de la Procuraduría General…

La Procuraduría General, en este último oficio, confirma nuestras competencias. Ha dicho que es la Procuraduría ad hoc la que conoce el caso Club de la Construcción, tiene a su cargo los procesos de colaboración eficaz y es la que está en mejor posición de seguir llevando estos hechos conexos al caso. La Procuraduría General dice que se necesita una unidad de criterio y de estrategia para intervenir en las investigaciones, además, para el cálculo de la reparación civil.

La línea de investigación que sigue Juárez es llegar a establecer si Vizcarra derivó a través de terceros dinero a paraísos fiscales o las llamadas ‘offshore’. ¿Podría darse el caso de que esto ocurra?

Si surge, en la investigación, información de transferencias al exterior, de constitución de empresas ‘offshore’ o mecanismos de paraísos fiscales, sin duda el fiscal Juárez apuntaría a investigar o confirmar esos hechos. El dinero habría sido entregado o circulado aquí en el país, en el sistema [bancario], pero si de la investigación surgiera que hay dinero que fue transferido o se utilizó bajo los mecanismos de los paraísos fiscales del exterior, entonces también la investigación apuntaría hacia allá.

¿Cuántas preguntas hará la Procuraduría Ad hoc el 3 de noviembre a Vizcarra?

Estamos recogiendo la información de la carpeta fiscal no solo con la disposición que ha emitido Germán Juárez sino también con los documentos que hay en el interior para trabajar un pliego de preguntas. Evaluamos aún información, no sabemos cuántas preguntas serán, pero trabajamos preguntas por cada tema o materia que ha sido considerada en la disposición.

PROCESOS DE COLABORACIÓN

“Estamos trabajando procesos de colaboración eficaz con dos empresas en el caso Club. Una es Graña y Montero, que ha revelado su identidad públicamente; la otra no ha revelado su identidad, pero trabajamos el cálculo de la reparación civil. Hay reuniones de trabajo e intervenimos además en procesos de colaboración de dos o tres personas naturales en el caso Club.

Hay otras personas naturales, pero la Fiscalía aún no nos notifica porque están en el proceso de colaboración y hay esta última información que ha surgido ICCGSA y Obrainsa y las otras personas naturales que se han sometido a la colaboración eficaz por estos hechos. Respecto a ICCGSA y Obrainsa, están comprendidas en el caso Club, que tiene el fiscal Juárez y tienen la condición de tercero civil responsable. La Procuraduría lo solicitó y el juzgado lo aceptó y las incluyó y también tienen investigaciones como personas jurídicas en la Fiscalía.

Tenemos embargos a los directivos de ICCGSA y Obrainsa, el caso todavía está en investigación. No es el estadío procesal para fijar un monto de reparación civil, pero, en paralelo, cuando nos convoque la Fiscalía para el proceso de colaboración eficaz, que son procesos independientes, la Procuraduría tendrá que estimar la reparación civil y para ello existe un marco legal específico de la Ley 30737, que tiene el cálculo para la reparación civil”.

POR: JANET LEIVA  DE LA CRUZ

Encuentra la nota completa en nuestra versión impresa o suscríbete a la versión digital, aquí.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.