Luis Gonzales Posada: “Es inaceptable que alguien vaya a prisión por indicios”

  • Fecha Lunes 3 de Diciembre del 2018
  • Fecha 5:00 am



-¿Usted cuestiona la lucha contra la corrupción que ejerce el Ministerio Público?

No. Estoy de acuerdo que sancionen a quienes delinquieron a la sombra del Estado, empresarios o autoridades, sin ninguna excepción, pero respetándose las garantías constitucionales.

¿Se refiere al exceso de prisiones preventivas?

No podemos aceptar que una persona vaya a la cárcel 36 meses por indicios, para que durante ese largo tiempo, que puede prorrogarse doce meses más, sigan investigado mientras lo demuelen mediáticamente. Para hacerlo, por lo general el juez apela al riesgo de fuga o al peligro procesal.

¿Está trayendo a colación el caso de Keiko Fujimori?

Decir que existían posibilidades de que huya porque su esposo es americano y tiene familiares en ese país es un pretexto para encarcelarla, más aún cuando concurría a todas las audiencias. Así han procedido con mucha gente, incluyendo Nadine Heredia. No olvidemos, además, que hay 40 mil personas en condición de no sentenciados, albergados en penales hacinados, tugurizados, inmundos, que son depósitos humanos y no centros de rehabilitación, donde todos los días se violan los derechos humanos.

¿Estima usted entonces que las prisiones preventivas las ordenan los jueces en contra de la opinión del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo?

Y también de prestigiados constitucionalistas, de los Colegios de Abogados y de la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA. Todos han denunciado esos excesos, calificándolos como condena anticipada que afecta la presunción de inocencia. Su uso excesivo, señalan, es contrario al Estado de Derecho democrático.

Sin embargo, estas medidas parecerían tener amplia aceptación pública…

Cierto. Cuando usted reclama lo llaman corrupto para intimidarlo. Las redes sociales se han convertido en un vertedero de inmundicias y maldades.

¿Hay una tendencia a la frivolidad al peor estilo de la llamada farándula?

Sin duda. Algunos procesos se transmiten en directo por televisión y después de la audiencia la policía conduce al inculpado a empellones y esposado hacia una furgoneta, mientras fotógrafos y público lo rodean, gritan, empujan y algunos lo insultan. Es una especie de callejón oscuro. Lo hemos visto con Graña, con Humala, con Keiko. Es un espectáculo indigno y vejatorio que debe erradicarse. Sin embargo, hay barras bravas que aplauden los atropellos, como el populacho aplaudía a los gladiadores cuando descuartizaban a su oponente en el circo romano.

¿Consideraría que existe hasta cierto punto interferencia del Gobierno?

El presidente [Vizcarra] pasó semanas pidiendo la renuncia de [Pedro] Chávarry, mientras el premier y su ministro de Justicia condicionaban el diálogo con la oposición al retiro del fiscal [de la Nación].

Pero el fiscal Superior Raúl Vela dice que no iba a ocurrir porque no habían elementos de convicción para hacerlo.

Lo dice ahora. Si así pensaba cómo explica el impedimento de salida del país y que el 15 cursarán un oficio de Migraciones cuando el juez recién autorizó el 17. ¿Qué curioso, no?

¿Y si el Gobierno peruano no concede el salvoconducto?

Estaría vulnerando la Convención de Caracas de 1954, que en su artículo 12 dice que otorgado el asilo “el Estado territorial –en este caso el Perú– está obligado a dar inmediatamente… el correspondiente salvoconducto”. Hay que esperar con tranquilidad la decisión uruguaya.

TC DEBE IMPEDIR EXCESOS

 ¿Le parece que esas interferencias son ilegales y hasta cierto punto extorsivas?

Ahora parlamentarios y abogados recurren a la OEA denunciando la criminalización de la justicia. Y tienen razón. Para algunos, magistrados, congresistas, partidos políticos y estudios de abogados son integrantes de organizaciones criminales. El Tribunal Constitucional debe intervenir de urgencia ante estos hechos para ordenar un sistema caotizado, o debe hacerlo el Congreso, en coordinación con el Poder Ejecutivo, a través de una ley.  Nos hemos acostumbrado al caos, que incluye observar silenciosos a fiscales que distribuyen a la prensa declaraciones y audios de procesos reservados, lo que es absolutamente ilegal, o que demandan la renuncia del fiscal de la Nación.

PARA DETENER A ALAN GARCÍA

PREPARABAN UNA CELADA EN TRES ACTOS

“Se preparaba una celada. Primero, citándolo a una audiencia y suspendiéndola sin ninguna razón. Luego, mediáticamente vincularlo a la corrupción. Después ordenando su impedimento de salida por 18 meses. Y esperaban detenerlo 36 meses. El libreto se estaba cumpliendo”, sostuvo el excanciller.

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